Por Mary Beloff
Existe hoy en el país un consenso generalizado acerca de que debe modificarse la justicia juvenil.
Lo que llama la atención es que no esté claro para qué se la quiere cambiar ni en qué sentido: para responder a un delito gravísimo de trascendencia mediática bastaría con reducir la edad y aumentar las penas; en cambio para garantizar derechos a los imputados bastaría con modificar algunas leyes procesales en aquéllos casos en los que aún no hayan sido actualizadas.
Por más elevados y razonables que sean los motivos que se aleguen no es lo mismo cambiar una ley que cambiar un sistema; no da lo mismo cambiar un régimen para meter más jóvenes en la cárcel que cambiarlo para reducir el número de menores de edad criminalizados.