Los límites de la excepción

Leonardo Filippini

Durante las jornadas del 19 al 21 de diciembre de 2001, alrededor de doscientas personas fueron aprehendidas por la Policía Federal Argentina en el marco del decreto de estado de sitio 1678/01 de Fernando de la Rúa y puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Veintinueve de esas personas fueron individualizadas en un decreto posterior, ordenando su arresto con la rúbrica presidencial. Horas antes de este segundo decreto presidencial, no obstante, y en la dirección opuesta, un juez de instrucción había ordenado la libertad de todos los detenidos, ya que al momento de la intervención judicial no existía orden alguna del presidente. La significación penal de este episodio, como mínimo infrecuente, será próximamente examinada por la Cámara Nacional de Casación Penal.

Como hipótesis de cargo, se ha sostenido que el presidente, en lugar de ordenar la detención del grupo de 29 personas, debió haber ratificado su liberación. También se ha afirmado que el accionar del ex presidente operó, en los hechos, como convalidación de las detenciones masivas y sin control judicial. Por cierto, hasta la defensa de De la Rúa ha indicado que la puesta a disposición del PEN que hizo la policía fue equivocada.

La Summa de la intolerancia

Nicolas Laino

En marzo de 1982 J. Q. Wilson y G. L. Keling publicaban un trabajo titulado “Ventanas rotas. La policía y la seguridad en los barrios”, que se convertiría en aquellos años en uno de los emblemas de las campañas de “Ley y Orden” que se implementarían en los Estados Unidos tras el declive del estado de bienestar, el consecuente recorte del gasto social y la escalada de un proceso masivo de pauperización. La “teoría de las ventanas rotas” fue soporte teórico esencial en la adopción de las llamadas políticas de tolerancia cero.

La idea general del texto era que, controlando “incivilidades” –encerrando indeseables– se lograría poner coto a la ola de criminalidad, lo cual proponían alcanzar mediante una presencia policial masiva en las calles. Muy lejos de haber incidido en las cifras de delito, la implementación de tales políticas convirtió a Estados Unidos –por lejos– en el país más encarcelador del planeta.