Represión o prevención: la justicia juvenil en la encrucijada

Por Mary Beloff

Existe hoy en el país un consenso generalizado acerca de que debe modificarse la justicia juvenil.

Lo que llama la atención es que no esté claro para qué se la quiere cambiar ni en qué sentido: para responder a un delito gravísimo de trascendencia mediática bastaría con reducir la edad y aumentar las penas; en cambio para garantizar derechos a los imputados bastaría con modificar algunas leyes procesales en aquéllos casos en los que aún no hayan sido actualizadas.

Por más elevados y razonables que sean los motivos que se aleguen no es lo mismo cambiar una ley que cambiar un sistema; no da lo mismo cambiar un régimen para meter más jóvenes en la cárcel que cambiarlo para reducir el número de menores de edad criminalizados.

Dos décadas de transformaciones sustanciales de la respuesta jurídico-penal al delito de los menores de edad en América Latina en general y en Argentina en particular —basadas en estándares internacionales de protección de derechos humanos de los niños y de las víctimas— revelan que para incidir en la reducción de la violencia de y hacia los jóvenes se requiere algo más que modificar el Código Penal.

Si los jóvenes, sus derechos y la seguridad de todas las personas son realmente tomadas en serio, debería en primer lugar formularse un acuerdo que guíe la definición de una política criminal juvenil que involucre a todos los actores con responsabilidades institucionales y a todas las jurisdicciones; un acuerdo que exprese la definición social y política de qué se quiere cambiar, para qué y cómo se van a lograr los resultados deseados.

Aplicar normas internacionales no es sólo cambiar la ley penal; por lo contrario, la preocupación central que éstas reflejan es prevenir que los jóvenes cometan delitos. Ello se logra con éxito en sociedades que concretan políticas articuladas de educación, vivienda, fortalecimiento familiar, empleo, desarrollo urbano y seguridad.

Frente al fracaso de la prevención, una respuesta estatal al delito del menor de edad debería construirse a partir de un registro preciso de las dimensiones del problema, de una ingeniería institucional adecuada, de programas concretos y de un entrenamiento riguroso de los profesionales a cargo orientada a lograr que el adolescente entienda el sentido disvalioso de su conducta, comprenda que forma parte de una comunidad y de sus valores, desarrolle el sentido de su responsabilidad y se relacione de forma no conflictiva con su medio en el futuro.

De otro modo —tal como enseña la experiencia latinoamericana— no se respetan los compromisos internacionales ni se incide en la reducción de la violencia.

Publicado originalmente en el informe anual de Periodismo Social 2008, que se puede bajar completo desde este link.