El voto de las personas privadas de la libertad: Presentación del Dr. Sebastián Schimmel en la Facultad de Derecho

El Dr. Sebastián Schimmel, Secretario de la Cámara Nacional Electoral, expuso el miércoles 8 de octubre pasado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo en torno al ejercicio del derecho electoral de las personas privadas de su libertad. En su presentación recordó el recorrido jurisprudencial y legislativo abierto por el caso Mignone de la Corte Suprema, que habilitó la posibilidad de que voten las personas detenidas sin condena, presentó las experiencias electorales en contexto de encierro desde 2007 y avanzó sobre una serie de desafíos pendiente y otras discusiones abiertas.

Conferencia: La justicia frente a crímenes contra la humanidad. Experiencias comparadas.

El martes 22 de julio desde las 17hs. en la Facultad de Derecho, sede Mario Bravo 1050, se realizará la conferencia “La justicia frente a crímenes contra la humanidad. Experiencias comparadas” organizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Intervención de TBA. Un balance

(Columna de opinión de Leonardo Filippini, profesor de Derecho de la Universidad de Palermo y  Gustavo Maurino, profesor de Derecho de la Universidad de Palermo y codirector de A.C.I.J.)

La intervención de TBA luego de la tragedia de Once fue posiblemente la repuesta del Ejecutivo Nacional más relevante de cara a la necesidad de mejorar de modo urgente el servicio de transporte ferroviario. También parece hasta el momento la única medida con alguna chance cierta de generar cambios concretos e inmediatos en la provisión del servicio. Ni la investigación penal, ni la querella del Poder Ejecutivo Nacional servirán demasiado para prestar un mejor servicio, ni tampoco se ha hecho pública la evaluación de otras iniciativas administrativas de corto plazo, como podría serlo la regularización de la CNRT como una agencia independiente e idónea de control, o la rescisión del contrato.

Purgar la ciudad de delincuentes no la convierte en un lugar más seguro

Tiempo atrás, la Presidenta de la Nación anunció la construcción de una cárcel en Mercedes, provincia de Buenos Aires, para cerrar el penal del barrio de Villa Devoto en la capital, al que describió como una "rémora de la vieja Argentina". La mudanza anunciada, en principio, supone también el traslado de los internos, pues no hubo aún ningún anuncio sobre su destino, ni sabemos de un plan para realojarlos en la ciudad. Un traslado así concebido, sin embargo, no nos libera de nuestras viejas ideas. Más bien, y tal como apareció públicamente hasta ahora, solo implica el destierro urbano de unos miles de presos para reubicarlos cien kilómetros más allá, en el mejor de los casos, en edificios más modernos y espaciosos.

¿CÓMO SEGUIMOS DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN DE TBA?

Por Gustavo Maurino, profesor de la Facultad de Derecho y co-director de ACIJ y Leonardo Filippini, profesor de la Facultad de Derecho.

La intervención de TBA luego de la tragedia de Once fue posiblemente la repuesta del Ejecutivo Nacional más relevante de cara a la necesidad de mejorar de modo urgente el servicio de transporte ferroviario. También parece hasta el momento la única medida con alguna chance cierta de generar cambios concretos e inmediatos en la provisión del servicio. Ni la investigación penal, ni la querella del Poder Ejecutivo Nacional servirán demasiado para prestar un mejor servicio, ni tampoco se ha hecho pública la evaluación de otras iniciativas administrativas de corto plazo, como podría serlo la regularización de la CNRT como una agencia independiente e idónea de control, o la rescisión del contrato.

Razones Contra La Querella Del PEN en La Tragedia de Once

El público de medios audiovisuales sin defensor

Prof. Leonardo Filippini

La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual estableció, entre otras instituciones,  una Defensoría del Público con funciones tales como recibir y canalizar las consultas, reclamos y denuncias del público de la radio y la televisión, incluso ante la justicia; convocar a los sectores interesados para crear un ámbito participativo de debate permanente sobre el desarrollo y funcionamiento de los medios de comunicación; llamar a audiencias públicas y evaluar el adecuado funcionamiento de los medios de radiodifusión; proponer modificaciones de normas reglamentarias; formular recomendaciones públicas a las autoridades y, en general, representar los intereses del público.

Hacia una ley antiterrorista poco promisoria

Prof. Leonardo Filippini

El proyecto sobre terrorismo sancionado en extraordinarias por la Cámara de Diputados duplica las penas de cualquier delito cometido con la finalidad de aterrorizar a la población, o de torcer la voluntad de una autoridad, incluso extranjera o de un organismo internacional. También pena el financiamiento de la comisión de cualquier delito que tenga tales finalidades, tanto fuera como dentro del país, e incluso si a la postre éste no es llevado a cabo. Finalmente, faculta a la Unidad de Información Financiera a intervenir preventivamente.  Así presentado, puede parecer una iniciativa, en general, plausible. Sin embargo, sus problemas son demasiado visibles, a poco que se repasa la discusión y se analiza el texto final.

Por empezar, no es difícil anticipar las dificultades interpretativas para definir cuándo, en efecto, un delito tiene la finalidad de aterrorizar a la población. La fórmula es laxa y podría incluir, por ello, tanto casos claros, como el provocar una serie de explosiones importantes en estaciones y terminales, hasta supuestos muy dudosos, como el exhibir un arma de modo amenazante en el ánimo de intimidar a un grupo racial o religioso. Una interpretación judicial razonable podría calibrar estos casos, es cierto, pero el proyecto sancionado es lacónico y muy poco orientativo.

La edad de imputabilidad penal

Roberto Gargarella y Leonardo Filippini

Publicado en La Nación

La doctrina penal se encuentra dividida en muchos de los temas que aborda, pero casi todos los autores coinciden, al menos, en torno a algunos principios básicos. Todos aceptan que el derecho penal debe interferir lo menos posible en la autonomía personal y la vida social, y aceptan que debe actuar sólo en ausencia de otras soluciones menos lesivas. Se trata de ver al derecho penal como última ratio, es decir, como recurso que aparece recién cuando todos los demás instrumentos con que cuenta el Estado han fallado. Dicho acuerdo generalizado no es difícil de explicar, teniendo en cuenta todo lo que ya sabemos que implica la respuesta penal: privación de la libertad, estigma social, separación de la familia y de los seres queridos, y severas condiciones de detención.

Recurrentemente, el Estado vuelve la atención sobre las infracciones cometidas por adolescentes y jóvenes. Reaparecen entonces los reclamos por dar al problema una respuesta penal, una respuesta que comienza con la baja en la edad de imputabilidad. Frente a ello, ante todo, corresponde preguntarnos si estos planteos son consecuentes con el carácter de última ratio del derecho penal. ¿Hemos intentado, efectivamente, ya toda la diversidad de otras respuestas, menos intrusivas, más integradoras, mejor vinculadas con la contención y el afecto hacia las personas menores de edad? ¿Hemos hecho lo posible por garantizar, en primer lugar (y tal como estamos constitucionalmente comprometidos a hacerlo), la escolaridad, la salud, la nutrición, el ambiente sano, o la vivienda de los adolescentes y jóvenes? ¿O invocamos la respuesta penal desesperadamente, sin mayor reflexión detrás, y como modo de salir del paso de una coyuntura difícil?

Hacer estas preguntas necesarias no implica "atarle las manos" al Estado, ni negar su facultad de reaccionar frente a los crímenes. Tampoco requiere asumir que los jóvenes que delinquen carecen de discernimiento, o desconocen las consecuencias de lo que hacen. Ellos son responsables en la medida de sus capacidades y posibilidades, al igual que cualquiera de nosotros. Debemos reclamar al Estado que actúe con energía y rapidez, pero no de cualquier manera, con tal de calmar las ansiedades sociales naturalmente desatadas frente a un delito serio.
La delincuencia juvenil nos remite al problema de los menores desatendidos. Nos refiere a los jóvenes que el Estado no ha sabido educar en el compromiso con los demás y con su comunidad, y cuyos actos violentos no se sabe contener más que por vía de la segregación institucional. En efecto, y a pesar de la difusa información oficial, un reporte de Unicef, la Universidad de Tres de Febrero y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia indica que en 2007 se alojaba, como mínimo, a 1799 muchachos y jóvenes en relación con causas penales. Un tercio de los establecimientos donde permanecían eran gestionados por instituciones no especializadas, como policías y servicios penitenciarios provinciales. El 85% de los lugares era de régimen cerrado y en todos ellos se comprobaron dificultades para el pleno acceso a derechos. Por ejemplo, el 21% de los alojados ni siquiera tenía DNI. La rotación de la población juvenil, además, sugiere que semejante vivencia es experimentada por un universo de jóvenes mucho mayor. Y por cierto, un porcentaje importante de la población penal adulta -alrededor de 60 mil- pasó por una institución de menores durante su niñez o juventud.

Estas cifras muestran que ya existe un importante número de jóvenes en conflicto con la ley penal que son regularmente captados y privados de su libertad por las instituciones del Estado en condiciones muy cuestionables. No son pocos, y bajar la edad de imputabilidad autoriza a anticipar que podrían ser incluso más, y más jóvenes. La realidad del sistema penal juvenil, sin embargo, exige repensar primero qué respuestas estamos ofreciendo, antes de concluir que es necesario ampliarlas. En lugar de expandir el castigo, deberíamos extender el sistema de prevención y protección de derechos, reservando a la pena su lugar de último recurso. Y aun cuando algunas opiniones sostienen que bajar la edad de imputabilidad podría servir para llevar los reaseguros de un proceso judicial al tratamiento de la situación de los menores, no hay razón probada que avale que el aumento del castigo a los menores sea necesario o indispensable para la mejor protección de las víctimas y de los jóvenes infractores. Sencillamente, si la idea es asegurar garantías y derechos, habilitar la vía penal no es la herramienta más razonable, ni la más útil, ni mucho menos una vía indispensable.

Ya existen varias experiencias concretas alternativas al castigo que demuestran que se puede tratar al joven infractor como sujeto de derechos y responsable de sus actos, a través de intervenciones socialmente más beneficiosas que el esquema penal, y mucho menos problemáticas. La ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, de hecho, ha estimulado el empleo de algunas de esas alternativas, como los programas de acompañamiento a los jóvenes en sus familias o comunidades de origen, o la reducción de los regímenes cerrados, sin mayores inconvenientes. Renunciar a este camino y en cambio hacer principales responsables penales a adolescentes y jóvenes sólo oscurece los deberes del Estado y de los adultos frente al delito juvenil: se trata de una buena manera de proclamar a los gritos la solución de un problema, mientras se trabaja cotidianamente para reproducirlo y ahondarlo.

El proceso penal, la verdad y la autonomía

Leonardo Filippini

El secuestro de las prendas íntimas de los jóvenes Noble Herrera es parte de un largo proceso donde el derecho a la verdad se enfrenta con la decisión de dos adultos que deciden preservar su autonomía y no cooperar con el avance de un proceso por crímenes contra la humanidad. Se trata de un dilema trágico, que padecen quienes ya han sufrido mucho por un pasado doloroso cuyas consecuencias todavía persisten.

La recolección y utilización de muestras de ADN para la averiguación de la verdad está autorizada por nuestra ley por la jurisprudencia de la Corte. El artículo 218 bis del Código Procesal Penal de la Nación, sancionado en noviembre de 2009, y los fallos Prieto de la Corte, de agosto de ese año, avalan la recolección del material, incluso ejerciendo cierto grado de coerción. Ni la ley ni la Corte autorizan, obviamente, una “enfermería judicial”, como bien dijo el juez Zaffaroni, pero aceptan la recolección respetuosa del material. No todos los jueces, con todo, dan la misma extensión al permiso. Zaffaroni y Lorenzetti, por ejemplo, creen que el ADN sólo debería ser utilizado para establecer la identidad con la familia biológica.

Luego de Copenhague, ¿qué hará la Argentina?

Leonardo Filippini y Leandro García Silva

El 18 de diciembre finalizó la cumbre de Copenhague sobre Cambio Climático con una declaración de compromiso ambiental de mínima. Para muchos la Declaración reflejó el fracaso de las negociaciones y defraudó la expectativa de acordar metas obligatorias para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los esfuerzos por un tratado más riguroso deberán esperar la próxima reunión de las partes, en México, este año.

La cumbre también mostró que los líderes mundiales reconocen que la vida de la especie humana está íntimamente ligada a las condiciones ambientales que hacen posible su desarrollo. La quema de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas, y la deforestación contribuyen al aumento de la temperatura de la tierra y la Declaración reconoció que un aumento de la temperatura del planeta de más de 2° Celsius infringiría un límite peligroso, cuyas consecuencias de sequías, inundaciones, tormentas severas y mayor nivel del mar debemos evitar. Los limitados resultados de Copenhague se atribuyen a la acción conjunta de los países desarrollados -los mayores emisores de gases de efecto invernadero- y de los países en rápida industrialización y con gran población, como China, India y Brasil que ya son también grandes emisores. China, por ejemplo, es el primer emisor mundial desde 2007.

Los límites de la excepción

Leonardo Filippini

Durante las jornadas del 19 al 21 de diciembre de 2001, alrededor de doscientas personas fueron aprehendidas por la Policía Federal Argentina en el marco del decreto de estado de sitio 1678/01 de Fernando de la Rúa y puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Veintinueve de esas personas fueron individualizadas en un decreto posterior, ordenando su arresto con la rúbrica presidencial. Horas antes de este segundo decreto presidencial, no obstante, y en la dirección opuesta, un juez de instrucción había ordenado la libertad de todos los detenidos, ya que al momento de la intervención judicial no existía orden alguna del presidente. La significación penal de este episodio, como mínimo infrecuente, será próximamente examinada por la Cámara Nacional de Casación Penal.

Como hipótesis de cargo, se ha sostenido que el presidente, en lugar de ordenar la detención del grupo de 29 personas, debió haber ratificado su liberación. También se ha afirmado que el accionar del ex presidente operó, en los hechos, como convalidación de las detenciones masivas y sin control judicial. Por cierto, hasta la defensa de De la Rúa ha indicado que la puesta a disposición del PEN que hizo la policía fue equivocada.

El derecho al voto en prisión

Leonardo Filippini

El proceso de diálogo propuesto ahora por el Ejecutivo presta atención, entre otros temas, al alcance y al ejercicio del derecho al voto. La ocasión sirve de excusa para revisar nuestro compromiso con el voto universal y para reflexionar, bajo esa luz, sobre la situación de las personas detenidas. Los momentos en los cuales la opinión de cada uno vale lo mismo son muy escasos, y debemos mirar con cautela la exclusión de cualquier grupo del padrón.

Si valoramos la pluralidad de voces y creemos en el diálogo, la limitación de la participación política de un grupo limita también al conjunto de la comunidad.

Una polémica que atrasa

Por Leonardo Filippini y Juan González Bertomeu

La pena de muerte está doblemente prohibida por la Constitución y por varios tratados internacionales ratificados por la Argentina. Si existieran argumentos convincentes para su utilización, deberíamos repudiar esos compromisos. Pero tales argumentos no existen.

La tendencia global es clara y el único país occidental que la aplica regularmente es Estados Unidos que recibe fuertes críticas por ello. La eficiencia de la pena de muerte para prevenir delitos no está probada y hay demasiadas variables en juego que impiden confiar en semejante correlación.