"Desobedecer a la Corte es un acto de locura"

Estimado lector, sin repetir y sin soplar, tiene quince segundos para contestar esta única pregunta: ¿cuántos condenados por hechos de corrupción política existen hoy en la Argentina?

¿Y? ¿Sigue tratando de hacer memoria? ¿Pasaron seis o siete horas y todavía no pudo responder? Mejor no se esfuerce demasiado: no hay tanto para mencionar en este rubro. Según el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), en nuestro país los juicios por corrupción duran un promedio de 14 años, y menos del 1% termina en condenas.

Pero para Aída Kemelmajer de Carlucci, ex integrante de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, la impunidad no es un fenómeno sólo atribuible a la existencia de jueces que no cumplen adecuadamente su función. "A los argentinos no nos importa la corrupción", advierte esta prestigiosa abogada mendocina, cuyo nombre se mencionó con insistencia cuando el ex presidente Néstor Kirchner buscaba una candidata femenina para la renovación del máximo tribunal, en 2003.

Y el ejemplo que elige para graficar el desinterés de la sociedad por la corrupción le apunta directamente al corazón del kirchnerismo: "¿Por qué es destituido en Santa Cruz el ex procurador Eduardo Sosa? -se pregunta-. Porque él estaba investigando el problema de los fondos de la provincia en el exterior. ¿Y después, quién ganó las elecciones en Santa Cruz?".

Aun así, Kemelmajer de Carlucci no diluye la responsabilidad de los magistrados: "Hay jueces corruptos", admite, aunque destaca que también "hay muchos que no lo son, que trabajan muchísimo". Y agrega: "En la corrupción hay abogados, contadores, de todo. Y esto es también un problema. En la universidad no se enseña ética de la profesión".

Estuvo 26 años en la Corte mendocina luego de que su nombre fue propuesto en 1984 por el gobernador radical Santiago Felipe Llaver y se convirtió en la primera mujer que llegó a ese alto tribunal. Su postura en favor de la despenalización del aborto, por ejemplo, se destacó en una provincia tradicionalmente conservadora.

Se jubiló a los 65 años, aseguró, para poder terminar varios libros que tenía en la cabeza, pero mantiene una actividad intensa: la semana pasada estuvo en Buenos Aires para presentar

públicamente un proyecto que dirigirá y que fue elaborado junto con su colega Marisa Herrera: la nueva orientación de la maestría en Derecho y el posgrado en Derecho Civil Constitucionalizado de la Universidad de Palermo.

Esta especialista en Derecho civil es integrante de las academias nacionales de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y de Córdoba, y miembro honorario de la Real Academia de Derecho y Legislación de Madrid. Está casada con el abogado Nedo Carlucci y tiene dos hijos.

En la charla con Enfoques, Kemelmajer criticó al Gobierno porque "quiere generar consenso a través del conflicto", pero fue más allá al calificar de "un acto de locura" desobedecer los fallos de la Corte Suprema, como hizo el kirchnerismo al frenar la restitución en su cargo del ex procurador santacruceño Eduardo Sosa.

-Decir "la gente" es apelar a una categoría abstracta, pero es cierto que la gente desconfía de los jueces. ¿Se hace cargo de esto?

-Más que desconfianza, "la gente", así, entre comillas, siente que la Justicia no responde a las necesidades actuales. No hay una desconfianza hacia el juez como persona, sino que lo que la gente siente, y mucho de razón hay, es que las estructuras judiciales no responden a sus necesidades actuales, y cuando responden lo hacen muy tardíamente, que es lo mismo que no responder.

-¿Y esto es parte del deterioro de las instituciones o responde a una decisión del poder político, que, en el fondo, no quiere resolver los problemas del Poder Judicial?

-Este es un problema que existe en todos los países. Siempre hemos visto a la Justicia en los países latinos como una especie de elefante lento que no se puede mover, pero hoy también es un fenómeno en Estados Unidos, en Inglaterra, en países con un sistema judicial que siempre había respondido rápidamente. Ahora, ¿por qué no se arregla si hemos detectado que los mecanismos son demasiado pesados? No hay una respuesta única. En nuestro país, una de los principales razones para tener una Justicia tan pesada es la gran cantidad de pleitos que genera el propio Estado. No hablo sólo de cuando el Estado es demandado a raíz, por ejemplo, de los cientos de miles de expedientes que hay por el sistema de la seguridad social, sino también de un Estado que genera juicios porque aplica la emergencia donde no la tiene que aplicar, porque hay leyes malas, que son de difícil interpretación. Si a esto le suma que vivimos en una sociedad que cada día es más conflictiva y que el conflicto es implantado desde arriba... Como nada se arregla de buenas maneras, la gente sigue yendo a los tribunales, pero la principal reacción frente a los conflictos es tratar de hacer justicia por sus propios medios, y eso sí que es peligroso. Antes llenábamos la Justicia de expedientes, pero ahora la gente la trata de lograr por sus propios medios.

-Cuando usted habla de que "el conflicto viene implantado desde arriba" no puedo evitar acordarme del estilo del kirchnerismo, de los ataques del Gobierno a la Corte o de las críticas de la presidenta Cristina Kirchner a los "jueces tarifados".

-Es que se trata de un gobierno que no acepta el diálogo...

-Parece más que no aceptar el diálogo. Es violentar la independencia de los poderes.

- Claro, pero digo diálogo en el sentido de entender razones. Tengo una gran amiga, una catalana que conduce el Observatorio de Bioética de Barcelona, que me dijo: "No todas las ideas son respetables. Las que tenemos que respetar son las que se pueden fundar. Tengo que respetar la idea que tiene fundamentos porque así el otro que no comparte mi idea puede contestar a esa razón. Y en algún momento podemos acercar las posiciones". Pero si yo digo "no porque no" y el otro dice "sí porque sí", nunca nos vamos a poner de acuerdo en nada. Lo primero que tenemos que recuperar es esta cultura del diálogo, pero del diálogo razonado. ¿Qué es lo que nos enseñaban en la facultad? Que desde el gobierno se tiene que intentar lograr adhesiones a determinadas políticas. Porque, como decía Napoleón, "sobre las armas podemos hacer cualquier cosa, menos sentarnos sobre ellas". Se supone que todo gobierno necesita consenso y que lo arma sobre el diálogo. Lo que a mí me sorprendió del Gobierno es que se quiere generar consenso a través del conflicto. Eso es lo nuevo en la política.

-¿Pero qué sintió usted cuando la Presidenta habló tan duramente del Poder Judicial?

-Ella tiene que medir qué impacto esto causa en la sociedad. Y ella también necesita que la gente confíe en la Justicia. Esto lo ha dicho con todas las letras el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que advirtió que quien primero tiene que cumplir las decisiones es el Poder Ejecutivo. Porque el Poder Ejecutivo tiene que entender que el Poder Judicial forma parte del Estado, por lo tanto cuando el Poder Judicial está desprestigiado, está desprestigiado el propio Estado. Aunque en Mendoza hemos tenido la tremenda experiencia de varios gobernadores que han sacado muchos votos hablando mal de los jueces, a la larga, un político responsable y consciente tiene que advertir qué impacto produce el desprestigio del Poder Judicial: es el desprestigio del Estado.

-Este gobierno incluso avanzó más allá de las palabras. El caso del ex procurador Sosa es un ejemplo de una decisión de la Corte desoída desde los más altos niveles y revindicada como un acto de independencia.

-Desde lo institucional, pocas situaciones son tan graves... Que el marido de la Presidenta se haya trasladado a hacer un acto público y que gobernadores provinciales, entre ellos de mi provincia, vayan para allá a decir que no hay que cumplir con la sentencia es un horror. Desde mi formación y la fe que le tengo al derecho, eso es locura. Desobedecer a la Corte es un acto de locura. No puede suceder en un país republicano.

-Da la impresión de que hay jueces que dictan sentencia fijándose en lo que aparece en los medios. ¿Influye tanto lo que sale en los diarios? ¿Condiciona la tarea judicial?

-No se puede generalizar. Pero la independencia del juez no es solamente la independencia de los otros poderes del Estado. Es también respecto de los medios. El juez tiene que ser el último baluarte de la Constitución, y las mayorías no siempre saben respetarla. Imagínese que con todo este discurso antigarantista que está todos los días en los medios, yo tengo que resolver como corresponde, con las garantías que están en la Constitución, para los imputados, para las víctimas, para todos. Y la gente muchas veces se olvida de eso. El ejemplo paradigmático es el caso de [Juan Carlos] Blumberg, que fue generando un ambiente dentro de la población y que hizo que los medios se hicieran eco. Después el juez termina diciendo: "Y no... ¿Cómo le voy a poner a este tipo tal pena? Me van a querer comer..."

-La imagen popular vinculada con los hechos de inseguridad es la de una Justicia que funciona como una puerta giratoria, donde los acusados entran y salen rápidamente...

-Por favor, mencióneme una cárcel del país que no esté superpoblada. Si fuera tan cierto esto de la puerta giratoria, habría lugar en todas las cárceles. Justamente somos condenados en forma permanente por los organismos de derechos humanos debido a la situación de nuestras cárceles y a la superpoblación que existe. Pero el juez no puede hacer lo que se le cante, empezando por las leyes y siguiendo por la Constitución.

-En el poder político, incluso funcionarios de este mismo gobierno, suelen cargar las tintas contra los jueces que no condenan a los delincuentes como corresponde.

-¿Quién tiene que construir las cárceles?

-El poder político.

-Bueno. Y si yo no tengo dónde meter a la gente, ¿qué me dice de los chicos? Me he cansado de decirles a todos los gobiernos en estos 26 años que mientras no solucionemos el problema de la droga no vamos a solucionar el problema de los menores infractores. El 90% de las infracciones que cometen los menores tiene algo que ver la droga. En Mendoza no tenemos lugares donde internar a menores con serios problemas de drogadicción y más de uno de esos chicos viene a parar a la provincia de Buenos Aires.

-¿Por qué no avanzan las causas relacionadas con casos de corrupción? ¿Es complicidad de algunos jueces con el poder político?

Hay un primer problema: a los argentinos no nos importa la corrupción. Y a los políticos que se han ocupado de luchar contra la corrupción, y que se siguen ocupando, los tratan de locos, de místicos. Le voy a poner un caso concreto: en Mendoza tuvimos a Luis Leiva, un juez federal que luchó contra la corrupción. Terminó con un juicio político y destituido por una causa ridícula como eran las intervenciones telefónicas.

-La sociedad puede ser indiferente ante la corrupción, pero no pesaría tanto si los jueces estuvieran decididos a resolver estos casos.

-Volvamos al caso Sosa. ¿Por qué es destituido? Porque él estaba investigando el problema de los fondos de la provincia en el exterior. ¿Y quién gana las elecciones después en Santa Cruz? Fíjese lo que pasó con [Augusto] Pinochet en Chile. El 50% de la población era pinochetista, pero cuando volvió la democracia, ¿cuándo dejó la gente de votar a los candidatos pinochetistas? Cuando se descubre que Pinochet había cometido actos de corrupción, que tenía cuentas en el extranjero. Ahí los chilenos dijeron: "Esta no te la perdono". Los argentinos no reaccionamos así.

-Insisto: si existiera un juez que llevara adelante un proceso de depuración...

-Pero necesitamos un Consejo de la Magistratura que no lo destituya. Por eso tengo confianza en estos nuevos cambios que hubo en el Consejo.

-Más allá de la excesiva tolerancia a la corrupción, también está la desmoralización de una sociedad que ve que en la Justicia nunca pasa nada. Por ejemplo, pensaba qué se hizo para investigar el crecimiento de la fortuna de los Kirchner, de un 530 por ciento desde 2003 hasta estos días. Sin embargo, un juez como Oyarbide cerró la investigación.

-...Y cuando a Oyarbide lo hemos denunciado, el Consejo de la Magistratura ha cerrado los casos contra él. Vamos a ver cómo terminan estos casos como el de la mafia de los medicamentos. Ahí está contaminado todo el poder sindical.

-Parece obvio que Hugo Moyano, por ejemplo, sólo podrá caer si, además de las pruebas sobre su eventual culpabilidad, el poder político así lo decide.

-Eso es peligrosísimo. Siempre se la culpa a la Justicia de ser una corporación. Y estoy en contra de todas las corporaciones. Por eso el sindicalismo no puede tener el poder que tiene en la Argentina, manejando nada más ni nada menos que la salud de la población. Los argentinos somos especialistas en destruir las instituciones que desde el punto de vista teórico son fantásticas. Como las cooperativas. ¿Hay, desde el punto de vista teórico, algo más fantástico? Viñateros que no tienen bodega se unen para defender el precio de la uva. O cooperativas de viviendad... Pero uno dice cooperativa y parece una mala palabra: siempre están los que lucran con la corrupción. Otro ejemplo: hoy hacemos fideicomisos para cualquier cosa. Para vulnerar el derecho del heredero, el derecho del cónyuge. O el cheque. Funciona en todos lados, pero acá nadie lo acepta porque todos están pensando que no tiene fondos.

-No parece haber tampoco mucha voluntad de los abogados por denunciar a muchos colegas que se enriquecen indebidamente, vinculados con los políticos, los sindicalistas...

-No voy a hablar en defensa de ellos, pero en la corrupción hay abogados, hay contadores, hay de todo. Y esto también es un problema: en la universidad no se enseña ética de la profesión.

-¿Hay corrupción en la Justicia?

-Hay jueces corruptos. No digo que no.

-¿No está enquistado como sistema?

-No diría eso de la justicia de Mendoza. Y a la justicia federal en Buenos Aires no la conozco. Que hay jueces corruptos, sí, pero hay muchos que no lo son y que trabajan muchísimo. No puedo decir que la Justicia en la Argentina sea corrupta. Pero sí puedo decir que es una Justicia lerda.

-También son lerdos los que tienen que cubrir las innumerables vacantes en los juzgados, otra forma de no hacer justicia.

-Eso ya lo decía mi admirado Lisandro de la Torre: una de las maneras de violentar la independencia de los jueces es no cubrir las vacantes. Mi cargo está vacante desde el 1° de mayo.

Publicado en La Nación, el 12 de diciembre de 2010.