Por Eduardo Bertoni. Profesor de Grado y Posgrado. Director del CELE.
Los Estados de las Américas se reúnen bajo el marco de la Asamblea
General (AG) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Posiblemente sean pocos o ningún Jefe de Estado quienes asistan y los
cancilleres estarán, en su mayoría, unas horas en Cochabamba donde se
celebra el encuentro previsto para un par de días, sin contar las
recepciones y cenas —previas y posteriores— que suelen organizarse. Como
en el pasado, la AG aprobará decenas de resoluciones, que incluyen
mandatos a las oficinas de la OEA y recomendaciones a los Estados,
resoluciones que muchas veces se repiten durante años y que pocas veces
tienen seguimiento para saber qué se cumple y qué no.
En otras
palabras, otra AG que sería como las habituales, si no fuera por un
hecho muy peligroso: el intento de debilitar de manera grave la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para
la Libertad de Expresión (RELE), cuyo mandato es la promoción,
protección y defensa de un derecho consustancial con la democracia.
Todo
comenzó el año pasado. Un grupo de funcionarios estatales elaboró un
documento para “fortalecer” el sistema interamericano de derechos
humanos. Su redacción, impulsada por Ecuador, prendió una luz de alerta
porque transformaría a la RELE en una oficina burocrática sin las luces y
los brillos de los últimos años. Cuando, a comienzos de este año, ese
documento se discutió en el Consejo Permanente de la OEA, hubo países
como Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Panamá, Uruguay y los Estados
Unidos que decididamente expresaron la importancia de respetar la
independencia y autonomía de la CIDH y la RELE. Pero la historia siguió,
y ahora estamos frente a una posibilidad de que se adopte una
resolución en la AG que puede significar un grave debilitamiento de la
RELE.
Las propuestas de quienes siguen a Ecuador para “fortalecer”
el sistema interamericano de protección de derechos humanos apuntan a
lo contrario. Por ejemplo, la RELE ya no podría publicar un informe
anual propio donde se denuncian violaciones a la libertad de expresión y
separado del informe de la CIDH. Es decir, se pretende “fortalecer”
impidiendo que se publique un informe que lleva una práctica de más de
una década. En lugar de pedir más informes especiales, se pide que uno
desaparezca.
Asimismo, se argumentó que se “fortalecería” el
sistema interamericano si la RELE no tuviera los recursos financieros
que hoy tiene para dar paso a una distribución balanceada entre las
otras relatorías de la CIDH. En lugar de más relatorías bien
financiadas, se propone que la RELE, cuya eficacia ha sido demostrada,
no tenga los recursos que necesita. La RELE opera exclusivamente gracias
a contribuciones de estados europeos y de nuestro continente, que, es
de desatacar, nunca suspendieron su apoyo por estar en desacuerdo con el
trabajo de la RELE. Y finalmente, el presupuesto operativo de la RELE,
en términos comparativos y teniendo en consideración que es una oficina
que debe atender las necesidades de todo el continente, es
llamativamente bajo. Las recepciones y cenas que se organizan durante la
celebración de la AG posiblemente se acerquen a cubrir parte de los
gastos de la RELE.
Debemos estar atentos al rol que en Cochabamba
jugarán países como Brasil, Colombia y México. El primero, porque dada
su relevancia global y su pasado de violaciones a derechos humanos daría
un pésimo mensaje al mundo si en la AG se suma a los que prefieren que
el sistema interamericano de derechos humanos en la práctica
desaparezca. Los dos últimos, porque la situación que viven los
periodistas allí es alarmante y justamente esos países deberían
contribuir a un genuino fortalecimiento de la RELE, alejándose de los
argumentos de un falso fortalecimiento como el que propone Ecuador.
Afortunadamente, a otros países del hemisferio, estos intentos de grave
debilitamiento (y no de “fortalecimiento”) no los ha tomado distraídos y
han demostrado estar dispuestos a detenerlo justamente en la AG. Ojalá
que así sea.
Eduardo Bertoni es director del Centro
de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) en
la Universidad de Palermo, Argentina. Ex relator para la Libertad de
Expresión de la OEA (2002-2005)
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