Honor y libertad de expresión de los funcionarios públicos

Eduardo Bertoni

En un reciente intercambio epistolar entre César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, y Galo Mora Witt, secretario particular del presidente de la Repú·blica, se enfrentaron en dos cuestiones: la protección del honor de los funcionarios p·úblicos, por un lado, y su libertad de expresión, por el otro. Lamentablemente, el funcionario del poder ejecutivo demostró un desconocimiento preocupante sobre cómo ambas cuestiones han sido resueltas, desde hace mucho tiempo, por tribunales internacionales y locales pero también por legislaturas de distintos países de América Latina.

Mora Witt entiende que las palabras de Ricaurte llevarían a sostener que "los ciudadanos ya no son iguales ante la ley, sino que, por una especie de concesión a la prensa, los funcionarios pú·blicos deben dejar a un lado su orgullo, su condición humana y filial de padres, hijos, hermanos, y deben arrodillarse ante quienes, seguramente protegidos por la providencia, se encargan de ser acusadores, fiscales y jueces de su vida y de su obra."

En relación a la protección del honor de los funcionarios pú·blicos, solo bastaría recordar que al enviar al Congreso argentino la reforma despenalizando delitos de calumnias e injurias, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner explicó que "aún a costa muchas veces de soportar cuestiones que tienen que ver con mentiras o que no son ciertas, yo prefiero mil millones de mentiras antes que cerrar la boca o ser la responsable de haber cerrado la boca de alguien. Esta es la verdadera forma en que entiendo la libertad, los derechos humanos y la participación democrática".

A mayor abundamiento, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, a cuya jurisdicción se encuentra obligado Ecuador, ha expresado en distintas ocasiones "que en una sociedad democrá·tica los funcionarios pú·blicos está·n m·ás expuestos al escrutinio y la crítica del pú·blico. Este diferente umbral de protección se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio m·ás exigente. Sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate p·úblico. Este umbral no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el interés p·blico de las actividades que realiza".

Mora Witt expresa en otra parte de su carta que "los adjetivos utilizados por el compañero presidente tienen que ver con la clara identificación de la intencionalidad y el sesgo, no exentos de afá·n conspirativo, de cierto sector de la prensa". Esos adjetivos fueron "conspirador (a)", "corrupta", "desestabilizador (a)", "irresponsable" y "mentirosa".

En relación a la libertad de expresión de los funcionarios, la Corte es también la que ha determinado que "en una sociedad democár·tica no sólo es legítimo, sino que en ocasiones constituye un deber de las autoridades estatales, pronunciarse sobre cuestiones de interés p·úblico. Sin embargo, al hacerlo est·án sometidos a ciertas limitaciones en cuanto deben constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus opiniones, y deberían hacerlo con una diligencia a·ún mayor a la empleada por los particulares, en razón de su alta investidura, del amplio alcance y eventuales efectos que sus expresiones pueden tener en ciertos sectores de la población, y para evitar que los ciudadanos y otras personas interesadas reciban una versión manipulada de determinados hechos".

En conclusión, creo que preguntas tales como ¿es que los funcionarios no tienen honor? o ¿es que los funcionarios no tienen libertad de expresión? son preguntas muy vá·lidas. Sin embargo, el contenido de sus respuestas cuando vienen de las altas jerarquías del gobierno, sobre todo cuando no atienden la perspectiva en el derecho internacional y comparado antes expuesta, pueden marcar el límite entre la convivencia democrática y el autoritarismo.

Las respuestas del secretario del presidente son preocupantes y es imprescindible que el propio presidente de la República aclare de manera urgente que esas declaraciones no corresponden a una política de Estado.

Publicado en el Diario Hoy de Ecuador el lunes 7 de junio de 2010.