En España, recientes investigaciones judiciales revelaron el pago de
sobresueldos a parlamentarios y otros dirigentes del Partido Popular.
Esta práctica habría ocurrido durante más de veinte años, y los fondos
habrían tenido como origen sobornos pagados por empresas constructoras a
la organización política y donaciones anónimas.
En Brasil, la investigación judicial del caso del mensalão demostró
que durante el gobierno de Lula se pagaron sobornos a parlamentarios a
cambio de sus votos. Diez personas ya fueron condenadas, incluido el
entonces jefe de ministros. La maniobra involucró dinero público, fondos
partidarios y empresas privadas y públicas.
En la Argentina, luego de once años de denunciado, el caso de las
coimas en el Senado está en juicio oral. Dicho caso revela cómo la falta
de control institucional –dentro del Ejecutivo y desde el Legislativo–
sobre los fondos de inteligencia facilitó el desvío de dinero para pagar
a senadores a cambio de su voto en la Ley de Reforma Laboral.
La práctica de pagar “sobresueldos” con fondos reservados a
funcionarios de diversas áreas de gobierno habría estado extendida
durante, al menos, buena parte de la década del 90, según
investigaciones judiciales que tienen más de diez años de antigüedad. La
injustificada suma de dinero encontrada en el baño de la ex ministra
Felisa Miceli, recientemente condenada a cuatro años de prisión, hace
pensar que esta mecánica tendría continuidad.
Más recientemente, la discusión abierta por las dudas expresadas por
Ricardo Darín puso en el debate la relación entre patrimonio, función
pública y negocios privados.
¿Cuál es la relevancia de estos hechos para los ciudadanos? ¿En qué
medida deberían preocuparse por estas cuestiones y en qué medida
deberían priorizar, mejor, la eficacia en la gestión, los valores
ideológicos o la capacidad de limitar y disciplinar a las corporaciones
privadas y otros actores no públicos que condicionan ilegítimamente a
los gobiernos democráticamente elegidos?
Hay una larga tradición que cuestiona el foco en la transparencia y
el control de la corrupción como una perspectiva que, por sus supuestos
ingenuidad y moralismo, desconoce los avatares de la política y les hace
el juego a los poderes fácticos, que sin la legitimidad de los votos
pretenden presionar a los gobiernos populares. La más reciente versión
de esta perspectiva de realismo político, desde un pretendido
progresismo, hace hincapié en la necesidad de fortalecer a “la política”
como expresión de la soberanía popular en su capacidad de enfrentar
oligarquías y factores de poder concentrado (económico, mediático, por
ejemplo).
Despectivamente llama al otro punto de vista “honestista”.
La prioridad de transparentar la relación del dinero con la política
no deviene una preocupación por la moral de los funcionarios. Hace, más
bien, al buen funcionamiento del sistema democrático, especialmente en
su capacidad de disciplinar y arbitrar entre los intereses privados en
pugna por decisiones públicas. El dinero ilegítimo, como instrumento con
capacidad de comprar voluntades y sujetarlas a un pacto de ilegalidad y
secreto, erosiona y distorsiona las capacidades de la política como
arena de decisión pública.
Cuando un gobierno o un partido cobran sobornos, desvían fondos
públicos y compran voluntades, el circunstancial incremento de su
capacidad de toma de decisiones es una ganancia individual de corto
plazo, que redunda en una pérdida colectiva en el mediano plazo. Es
posible que la industria que contamina el medio ambiente en el corto
plazo genere puestos de trabajo y ganancias, pero en algún momento habrá
que hacerse cargo de las consecuencias sociales de la contaminación.
Las relaciones ilegítimas entre el dinero y la política sujetan al
poder soberano entregado por el pueblo a sus representantes a relaciones
extorsivas entre los actores gubernamentales y privados. Esto debilita
la capacidad de “la política” para ejercer legítimamente el poder sobre
aquellos a quienes les cobra o sobre aquellos a quienes paga con fondos
ilegales. Esto debilita los procesos de toma de decisión, de
implementación de políticas, y traiciona el mandato de los ciudadanos,
que necesitan la política democrática como contrapeso público a las
asimetrías de la esfera privada.
Articulo del Prof. Hernán Charosky. Investigador asociado de Cippec y profesor de la Universidad de Palermo publicado en Diaría Perfil, disponible haciendo click aqui.
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