La ley de medios, bajo la lupa

Eduardo Bertoni

Muchas de las regulaciones hoy vigentes en la región sobre la radio y la televisión son anacrónicas y contienen conceptos definidos vagamente que terminan siendo herramientas de premio, castigo o presión a los medios de comunicación por parte de las autoridades que deben aplicarlas. Las leyes inadecuadas sobran y constituyen una "enfermedad" que ponen en riesgo el derecho a la libertad de expresión.

Sin duda, la ley de radiodifusión vigente en Argentina debe adecuarse al derecho internacional, que prevé solamente limitadas restricciones a este derecho fundamental. Por ello es importante preguntarse, ¿será la nueva ley que actualmente se debate en nuestro país el remedio adecuado para la enfermedad? Evidentemente, si el remedio resulta equivocado puede agravar la enfermedad.

Cuando en Venezuela se comenzó a debatir la reforma de las leyes de radio y televisión, el gobierno argumentaba que la nueva legislación tenía como objetivo la protección de la minoridad y evitar discursos de odio racial e incitaciones a la violencia a través de los medios de comunicación. La ley sancionada fue criticada por organizaciones no gubernamentales y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violar estándares internacionales y restringir inadecuadamente la libertad de expresión.

A diferencia de Venezuela, en Argentina contamos con un Congreso que discute las propuestas del Ejecutivo y un Poder Judicial que controla la actuación de los demás poderes. ¿Qué rol debería jugar el Senado para mejorar el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados? La lectura de ciertos artículos demuestra que la legislación propuesta requiere cuidadosa y mayor discusión.

Por ejemplo, el proyecto, con objetivos presumiblemente legítimos, diseña mecanismos para controlar los contenidos que se emiten por radio y televisión que, si no son definidos con extrema claridad, podrían utilizarse más allá del cumplimiento de fines legítimos, limitados y específicos. También otorgaría al Poder Ejecutivo la facultad de nombramiento de los integrantes de la autoridad de aplicación y no se prevé un mecanismo participativo de la sociedad que le dé mayor transparencia al proceso. (Ello sí se ha previsto en el proyecto para nombrar al Defensor Público de Servicios Audiovisuales y existe para la designación de miembros de la Corte Suprema).

Otro ejemplo: sin que exista ningún mandato constitucional que lo obligue, se autoriza -de acuerdo al proyecto, podría ser por tiempo indeterminado- de manera directa a la Iglesia Católica a utilizar el espectro radioeléctrico. Ello no sólo implica discriminación a otros credos, sino que cuestiona la existencia de una separación clara entre el Estado y la religión.

Por otro lado, se dispone que emisiones en el horario apto para todo público que contengan "escenas de violencia física injustificada" pueden ser sancionadas gravemente. Este concepto resulta muy vago y por ello dificultaría el ejercicio de la actividad informativa, generando incluso situaciones de autocensura. Alguien podría preguntarse si el ataque terrorista a las Torres Gemelas en Nueva York podría haber sido transmitido en ese horario.

El debate que se ha dado en la Cámara de Diputados ha llevado a modificaciones importantes al proyecto de ley, que van en la dirección correcta. Y de eso se trata la democracia. Justamente por ello, y por los ejemplos antes mencionados, entiendo que la discusión debe seguir dándose de manera cuidadosa y no a las apuradas en el Senado para lograr una ley que proteja adecuadamente la libertad de expresión y de prensa. De lo contrario, la nueva legislación quedaría a mitad de camino, convirtiéndose en un placebo, y no en el remedio adecuado que evidentemente necesitamos, para la "enfermedad".

Publicado en Clarín, el 29 de septiembre de 2009.