Purgar la ciudad de delincuentes no la convierte en un lugar más seguro

Tiempo atrás, la Presidenta de la Nación anunció la construcción de una cárcel en Mercedes, provincia de Buenos Aires, para cerrar el penal del barrio de Villa Devoto en la capital, al que describió como una "rémora de la vieja Argentina". La mudanza anunciada, en principio, supone también el traslado de los internos, pues no hubo aún ningún anuncio sobre su destino, ni sabemos de un plan para realojarlos en la ciudad. Un traslado así concebido, sin embargo, no nos libera de nuestras viejas ideas. Más bien, y tal como apareció públicamente hasta ahora, solo implica el destierro urbano de unos miles de presos para reubicarlos cien kilómetros más allá, en el mejor de los casos, en edificios más modernos y espaciosos.

La ciudad posee casi 3 millones de habitantes y más de 4 mil presos, considerando una tasa nacional de encarcelamiento de 140 individuos por cada 100 mil. El grueso de éstos  está detenido por la justicia federal o nacional, y un porcentaje muy menor por su par local. El dato es confirmado al comprobar que más de la mitad de los 9 mil presos en cárceles federales tenía domicilio en la Ciudad antes de su arresto. Con estas cifras, es evidente que sólo la mitad de los porteños detenidos en un proceso penal se aloja en Buenos Aires. En Devoto viven 1700 personas y en los otros institutos federales porteños poco más de un  centenar. El resto de los porteños presos se reparte en lugares distantes como Resistencia o Rawson, o donde fuere que exista una cárcel federal.

Clausurar el penal de Devoto, en consecuencia, puede responder a necesidades urbanísticas varias, pero no es la solución al problema, aislado de una estrategia mucho más ambiciosa. Tampoco la construcción de un nuevo penal resulta una idea provechosa por si sola, en especial si está destinada a distanciar aún más a los detenidos de sus afectos. La iniciativa debería ser, en cambio, una ocasión para repensar seriamente nuestro sistema de respuesta al delito y hacer un esfuerzo mayor que el edilicio por intervenir positivamente frente a los vecinos de la ciudad que violentaron gravemente un deber social. Purgar la ciudad de delincuentes, no nos hace una comunidad más segura, sino una más segregada. Y más injusta.

Por Leonardo Filippini. Profesor de Derecho, Universidad de Palermo.