Prof. Leonardo Filippini
La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación
Audiovisual estableció, entre otras instituciones, una Defensoría del
Público con funciones tales como recibir y canalizar las consultas, reclamos y
denuncias del público de la radio y la televisión, incluso ante la justicia;
convocar a los sectores interesados para crear un ámbito participativo de
debate permanente sobre el desarrollo y funcionamiento de los medios de
comunicación; llamar a audiencias públicas y evaluar el adecuado funcionamiento
de los medios de radiodifusión; proponer modificaciones de normas
reglamentarias; formular recomendaciones públicas a las autoridades y, en
general, representar los intereses del público.