AMIA: responsables políticos

Hace siete años el gobierno argentino se comprometió a reformar las normas de la administración del presupuesto de la Secretaría de Inteligencia, con el fin de hacerla susceptible de una razonable rendición de cuentas. Se trata de uno de los puntos acordados con los familiares de las víctimas de la AMIA ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Néstor Kirchner refrendó ese acuerdo mediante el decreto 821/2005. Cristina Fernández de Kirchner, como legisladora, había sido en años previos una miembro muy activa de la comisión parlamentaria de seguimiento de las investigaciones de los atentados. Sin embargo, hasta el momento, ese compromiso no ha sido honrado.

La falta de control sobre estos fondos permitió que el juez que instruyó la causa AMIA y las autoridades de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), dispusieran de fondos ilimitados para pagar declaraciones y financiar inverosímiles operaciones. Estas maniobras cubrieron de ilegitimidad la instrucción de la causa, y así lo entendió el Tribunal Oral Nº 3, al poner de manifiesto que las acusaciones contra los imputados por ser la "conexión local" se habían basado en irregularidades judiciales, pagos de declaraciones y otras aplicaciones ilegales de fondos de la SIDE. El ex presidente Menem y el ex secretario Anzorreguy se encuentran bajo investigación judicial por estos hechos, entre otros funcionarios.

Una larga lista de desvíos de fondos de inteligencia, más allá del caso AMIA, hace necesario establecer mecanismos de control político de las erogaciones secretas. Las coimas pagadas para obtener el voto de senadores para la reforma de la legislación laboral en 2000 también tuvieron ese origen. Investigaciones periodísticas y judiciales fundaron sospechas y colectaron evidencias de pagos ilegales a periodistas, jueces y funcionarios públicos. Se encontraron evidencias de sobresueldos y "cadenas de la felicidad".

La falta de mecanismos efectivos de seguimiento de las actividades de inteligencia hace de éstos, de hecho, actividades no sujetas a la ley, dada la falta de rendición de cuentas tanto ante el Congreso como, eventualmente, ante un juez. Así, si se paga una coima o se financia una actividad ilegal con fondos de inteligencia, es imposible de comprobar, a menos que aparezca un Pontaquarto. No solamente es un problema de detección de corrupción. Tampoco es posible controlar actividades legales, por ejemplo, la calidad y eficiencia del gasto aplicado a actividades de inteligencia para la seguridad nacional. En un país que sufrió dos atentados terroristas, esto es una falta de supervisión institucional inaceptable.

Las fuentes de esta imposibilidad de control son tres. Una es la abdicación del Poder Legislativo respecto de sus deberes de control, previstos en la ley de inteligencia (Nº 25.520 de 2001). La otra es una limitación de esta ley, que al no prever mecanismos de registro y rendición de cuentas de los gastos, permite que los fondos se administren con total discrecionalidad. La ley prevé el funcionamiento de una comisión bicameral que se ha reunido escasas veces, no ha producido ninguna actividad de control relevante, al menos de conocimiento público, aunque llegó a recibir un presupuesto cercano a los cuatro millones de pesos, algo que ninguna otra comisión parlamentaria ha tenido. Al mismo tiempo, no hay en la ley previsión alguna de un sistema de registro de la ejecución presupuestaria de la Secretaría de Inteligencia. Si un juez o la comisión bicameral efectivamente requirieran datos sobre el modo en que se gastan los más de quinientos millones de pesos que administra, no tendrían modo de estar seguros de que los datos que reciben tienen algún respaldo. El control externo depende de la buena voluntad del controlado. Ahí la tercera limitación, la falta de voluntad del Poder Ejecutivo. Ninguna presidencia de la democracia ha tenido voluntad de ceder espacios a los otros poderes en el control de estas actividades.

Algunos diputados, como Marcela Rodríguez y Manuel Garrido, en sucesivas oportunidades presentaron proyectos basados en las propuestas para establecer controles efectivos, a partir de ideas que presentara en repetidas ocasiones desde hace más de diez años la Oficina Anticorrupción. Que el Congreso debatiera ese proyecto sería un gran avance, el funcionamiento efectivo de la Comisión Bicameral de Control de Organismos y Actividades de Inteligencia, bajo las condiciones de la ley actual, un primer paso adelante.

Hernán Charosky

 *Profesor de la Universidad de Palermo. Ex director ejecutivo de Poder Ciudadano.