La utilización de fondos públicos como pago de publicidad oficial es
una actividad legítima por parte del Estado. Muchos son los ejemplos que
se nos pueden ocurrir: llamados a licitaciones, llamados a concursos
para ocupar cargos públicos, anuncios de necesidad de vacunación ante
catástrofes y un largo etcétera.
Sin embargo, desde hace muchos años, tanto en nuestro país como en el
resto de los países de la región, discutimos la publicidad oficial como
un mecanismo de violación de la libertad de expresión. Para ser claro, y
tal vez corriendo el riesgo de expresar una obviedad, la discusión se
vincula más con una cuestión procedimental y no sustantiva.
En general, es “cómo” se distribuye la publicidad oficial lo que
genera debate. Dependiendo de “cómo” se distribuya podemos estar ante
una violación a la libertad de expresión o ante un acto absolutamente
legítimo.
Cuando el “cómo” se traduce en un reparto de la publicidad con el fin
de premiar al amigo y castigar a quien se considera enemigo por no
comulgar con las mismas ideas de quién está encargado del reparto,
estamos frente a un problema para la libertad de expresión que,
lamentablemente, y de acuerdo a mi experiencia, no reconoce fronteras de
color político ni geográficas.
Concretamente, en nuestro país existen estudios que demuestran que no
hay un patrón, desde el punto de vista de los partidos políticos, en el
uso arbitrario y discriminatorio de la publicidad oficial.
Por ejemplo, según una investigación de la ONG Asociación por los
Derechos Civiles (ADC), entre abril de 2003 y agosto de 2004, en
Córdoba, Río Negro y Neuquén, los gobiernos locales –incluyendo algunas
municipalidades– usaban la publicidad para tomar represalias contra
medios cuya línea editorial era crítica de los gobiernos de turno,
particularmente la Unión Cívica Radical, y para recompensar a aquellos
de cobertura favorable.
Otros ejemplos los trae una reciente investigación de Martín Becerra
para la ONG Poder Ciudadano. Becerra recuerda una condena de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación al gobierno encabezado por Jorge
Sobisch (Movimiento Popular Neuquino) por asignación arbitraria de la
publicidad oficial. La misma Corte se expidió en términos similares por
un reclamo de Editorial Perfil contra el Poder Ejecutivo Nacional
(Frente para la Victoria). También hay casos en las provincias con
pronunciamientos judiciales, como el que hizo lugar a una acción de
amparo contra el gobierno de Mario Das Neves (Peronismo Federal). Y,
finalmente, como nos señala el estudio, “la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires había sancionado en diciembre de 2009 por unanimidad una
regulación sobre publicidad oficial que prohibía el uso proselitista por
parte del Gobierno porteño de los recursos públicos en publicidad, pero
el jefe de Gobierno, Mauricio Macri (PRO), vetó nueve de los 18
artículos de la normativa y jamás la promulgó”.
En definitiva, y tal como lo demuestran los estudios citados, en
nuestro país hay ejemplos de que este problema trasciende la voluntad o
falta de voluntad de un partido político para solucionarlo. Y tal vez
ése sea el motivo por el cual, pese a algunas manifestaciones públicas
desde diversos sectores del arco político, el tema esté aún sin
solución.
Por Eduardo Bertoni. Profesor de grado y posgrado de la
facultad y Director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y
Acceso a la Información (CELE) de la Universidad de Palermo.
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