Por Ezequiel Nino. Codirector de ACIJ y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Palermo.
El
fallo de ayer sobre el robo de bebes cometido durante la última dictadura
militar es un inmenso triunfo de la sociedad civil organizada. Durante los años
90, en tiempos en que el indulto había intentado tapar y forzar un olvido de
los hechos acontecidos durante esa etapa, muchas víctimas y activistas no se
rindieron y siguieron hilvanando ideales para luchar contra la impunidad.
Las
Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, Hijos, el Centro de Estudios legales y
Sociales (CELS), la
Asamblea Permanente de Derechos Humanos y tantas otras
organizaciones procuraron en ese tiempo una estrategia basada en los juicios
por la verdad, la utilización de los foros internacionales y de otras
jurisdicciones nacionales, por un lado, y la denuncia y seguimiento de delitos
que no habían sido incluidas por las disposiciones del ex presidente Carlos
Menem, por el otro.
De
este modo, consiguieron que la ingeniería hilvanada por aquella gestión
gubernamental se comenzara a resquebrajar. Lentamente se fueron suscitando
medidas judiciales -desde distintas esferas- que empezaron a marcar que esas
aberraciones no iban a poder quedar impunes pese a los fuertes intereses para
que ello ocurriera.
Los
abogados de interés publico que diseñaron esas estrategias lo hicieron con la
idea de que la justicia es un valor que nunca debe dejarse de buscar, más allá
de las dificultades, obstáculos y sinsabores que aparezcan en el camino. La Constitución
nacional, el derecho internacional de los derechos humanos (cuyos tratados
fueron paradójicamente incorporados al texto constitucional pocos años después
de los indultos), las instituciones creadas para su defensa y el valor de la
palabra y la argumentación fueron las armas utilizadas por esos letrados, que
en épocas de devaluación del ejercicio profesional se constituyen en faros que
iluminan el camino de una disciplina que puede convertirse en un instrumento de
cambio social.
La
decisión del Tribunal Oral Federal N° 6 muestra, también, que los poderes judiciales
suelen ir detrás de los movimientos sociales. En lugar de ordenarlo
directamente, dispuso librar oficio a la presidenta de la Nación para que
"contemple la posibilidad de destinar una partida presupuestaria para la
digitalización de la documentación reservada [?]con el objeto de facilitar
cualquier investigación judicial y resguardar ese material correspondiente al
período 1975/1983".
Si
hay derechos fundamentales que deben ser resguardados, los jueces deben ordenar
a los poderes políticos que se destinen los fondos necesarios para hacerlo. Las
organizaciones civiles venimos pregonando hace tiempo por criterios amplios,
mientras que, en muchas oportunidades, los magistrados se ven a sí mismos como
subordinados a los poderes políticos. Este es un ejemplo del recorrido que nos
queda por hacer en relación con los nuevos desafíos de los abogados de interés
público. Más allá de eso, para quienes luchamos contra otro tipo de impunidades
(por ejemplo, de la corrupción) el fallo representa una clara señal de que,
aunque muchas veces parezca imposible, no hay que bajar los brazos en el afán
de justicia.
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