Una solución tecnológica para el problema de la responsabilidad de intermediarios

Por Eduardo Bertoni

Cuando las personas se sienten insultadas o humilladas en Internet y deciden iniciar acciones legales, sus casos generalmente siguen un patrón similar. Consideremos el siguiente escenario:

Una figura pública, llamémosla Senadora X, introduce su nombre en un motor de búsqueda en Internet. Los resultados la sorprenden, son muchos, y algunos la enojan porque encuentra sitios en Internet que ella encuentra ofensivos. Piensa que su reputación se encuentra dañada por ciertos contenidos que encuentra en el buscador y que alguien debe pagar por ello.

Su abogada le recomienda reclamar al motor de búsqueda, afirmando que él es el responsable de la lesión que sufre por el contenido ofensivo a pesar que no fue creado por el buscador. La Senadora X duda, porque en realidad el motor ayuda a darla a conocer, y no todos los sitios a los que dirige su nombre le molestan. Su abogada le explica que también es responsable el autor del contenido, pero que será difícil encontrarlo. Llegado a este punto de la conversación, surge una opción: se le puede pedir al buscador que bloquee ese sitio, pero la abogada sabe que eso no se logra con una simple petición y es necesario que intervenga un juez.

Sobresueldos y poder político

En España, recientes investigaciones judiciales revelaron el pago de sobresueldos a parlamentarios y otros dirigentes del Partido Popular. Esta práctica habría ocurrido durante más de veinte años, y los fondos habrían tenido como origen sobornos pagados por empresas constructoras a la organización política y donaciones anónimas.
En Brasil, la investigación judicial del caso del mensalão demostró que durante el gobierno de Lula se pagaron sobornos a parlamentarios a cambio de sus votos. Diez personas ya fueron condenadas, incluido el entonces jefe de ministros. La maniobra involucró dinero público, fondos partidarios y empresas privadas y públicas.

La corrupción, bajo el escrutinio de la OEA

Por Ezequiel Nino. Profesor de la carrera de Abogacía de la Universidad de Palermo.

 

Durante estos días visita Buenos Aires una comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) para evaluar a la Argentina en la eficacia de su lucha contra la corrupción. Se trata de la primera vez, en el marco del mecanismo de seguimiento del tratado hemisférico contra este flagelo, que se realiza una inspección de terreno por parte de los examinadores. Es una buena oportunidad, por lo tanto, para que, desde la sociedad civil, se les haga saber claramente cuáles son las impresiones que se tienen en esta materia y promover que las tengan en consideración en el informe que deben emitir en marzo del año próximo. Se impone, en consecuencia, realizar un balance de los últimos años sobre las políticas anticorrupción de nuestro país.