Sobre la (in)sensatez

Nicolás Laino

Quisiera plasmar por escrito algunos interrogantes que me ha suscitado la lectura del interesante artículo de opinión publicado por el Prof. Martín Farrell el 3 de junio del pasado año en diario La Nación y que hemos tenido la dicha de poder compartir en este espacio de discusión.

Si se me permite esta acotada síntesis, el Dr. Farrell plantea al comienzo una distinción entre el llamado retribucionismo penal, tributario de las ideas kantianas, por un lado, y el denominado utilitarismo penal, herencia de los desarrollos de J. Bentham, por el otro. Ambos compartirían el hecho de que resistirían exitosamente el escrutinio del sentido común.

A partir de allí el distinguido colega construye un interesante hilo discursivo donde, tras criticar las posturas abolicionistas de Bazelon y Tolstoi, concluye en que deberíamos resignarnos a las cárceles ―procurando que sean mejores que las de la Rusia de Tolstoi― pues cualquier otra solución alternativa ―la pena de muerte, los tormentos o los azotes― resultarían contrarios al derecho internacional e inconstitucionales.

La objeción de conciencia se usa para impedir los derechos

Entrevista realizada al profesor Marcelo Alegre, publicada en el suplemento Las 12 del diario Página/12, el 1 de enero de 2010. 

“La objeción de conciencia no se está usando en Bélgica o en Suiza. Se está practicando en la Argentina, donde no se cumplen con los derechos básicos y con el plan –fomentado desde la Iglesia– de desbaratar las políticas sexuales y reproductivas”, enfatizó el abogado Marcelo Alegre en la Jornada “Objeción de conciencia en anticoncepción”, realizado en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, por el Sub Programa de Salud Reproductiva y Procreación Responsable del Ministerio de Salud bonaerense.

Alegre fue contundente con los límites que, según su mirada, tiene que tener este derecho a no realizar determinadas prácticas, como los abortos no punibles o la ligadura de trompas o las vasectomías e, incluso, la venta de anticoncepción de emergencia por parte de los farmacéuticos. “Nadie los obligó a ser profesionales, pueden trabajar de otra cosa, pero no obstruir un derecho. Tiene que haber igualdad de derechos. Una cosa es si en una farmacia no venden la píldora del día después y sí la venden en la farmacia de la esquina y otra, muy distinta, si en una zona rural mandan a una clienta a buscar la pastilla a otra farmacia a 35 kilómetros, porque eso implica la obstrucción de un derecho”.

Como aprendí a odiar (y a amar) la discusión sobre control judicial

Juan González Bertomeu

-¿Leíste la sentencia? –pregunté a mi interlocutor, profesor de derecho constitucional. Me refería a una decisión reciente de la Corte Suprema argentina, en la que se avanzaba de manera inusualmente atrevida en la protección de un derecho constitucional, al menos en los papeles–. Nada mal, ¿no? –insinué, mostrando un cauto optimismo. Percibí un gesto que denotaba cierta desilusión.

–La situación me deja con un gusto amargo –sostuvo mi colega–. Tengo que admitir que no está mal que los jueces hayan decidido así. Pero de alguna manera esto es aceptar que se puedan lograr buenos fines empleando malos medios. Después de todo, la decisión de la justicia no es democrática.

–Pero entonces, ¿estás a favor o en contra? –insistí. 

–Bueno, no sé qué pensar –contestó–. Vivimos hablando de las ventajas que en teoría deberían tener nuestras instituciones políticas, y de los problemas de legitimidad de la justicia. Pero en definitiva, cuando aparece una de estas decisiones, celebramos todos.

Una propuesta a la nueva Presidenta de Costa Rica

Eduardo Bertoni

En octubre del 2006 tuve la oportunidad de conocer a la recientemente electa Presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla Miranda. Ella se desempeñaba como Primera Vicepresidenta y Ministra de Justicia. En mi caso, me encontraba en San José integrando una delegación de expertos internacionales que impulsábamos reformas a la legislación penal para impedir que el poder punitivo del Estado pudiera ser utilizado como herramienta para vulnerar la libertad de expresión.

Específicamente, le presentamos a la actual Presidenta electa la problemática regional por la utilización de los delitos de calumnias, injurias y difamación como instrumento de “acoso judicial” a los periodistas independientes cuando hacían su trabajo: investigar a los poderosos y a los funcionarios públicos.

 Resalto que este era y es un problema regional debido a la formulación similar de los delitos en nuestros códigos penales. No nos estábamos refiriendo en aquel momento, ni lo hago ahora, a un problema especial y único de Costa Rica.

Encuentro sobre Obama y América Latina en la UP

Michael Shifter, presidente del Inter-American Dialogue (Washington, DC) y profesor de Política Latinoamericana de la Universidad de Georgetown, dará una charla en la Universidad de Palermo sobre Barack Obama y América Latina el próximo 16 de febrero en la sede de la Facultad de Derecho de la UP. 

Michael tiene una larga trayectoria de trabajo en América Latina. Su rica carrera incluye su desempeño, en la década del 90, como Director del Programa de Gobernabilidad y Derechos Humanos para la Región Andina y el Cono Sur de la Fundación Ford, de donde pasó a dirigir el programa de América Latina y el Caribe del National Endowment for Democracy hasta que se sumó al equipo del Dialogo Inter-Americano, think tank líder en relaciones entre Estados Unidos y América Latina del que ha sido nombrado Presidente recientemente.

Periodismo en América Latina: ¿Quién debe pagar la cuenta?

El Profesor Eduardo Bertoni, director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, publicó la siguiente nota en The Huffington Post. La publicamos a continuación, en inglés.

Eduardo Bertoni

Latin American countries need good quality journalism to protect, consolidate, and strengthen democracy. Historically associated to investigative journalists working for newspapers, good quality journalism is expensive and now faces serious challenges due to the unprecedented financial crisis affecting newspapers worldwide. If we agree that democracies need good journalism, somebody needs to pay the bill. 

The only realistic -- and unfortunately very risky -- means for newspapers' survival is to receive help from the state. None of the other options, including that readers pay for their papers, private advertisement, and revenues from an endowment, will work in Latin America.