The Right to Be Forgotten: An Insult to Latin American History

Eduardo Bertoni is Global Clinical Professor at New York University School of Law and Director of the Center for Studies on Freedom of Expression –CELE- at University of Palermo School of Law in Argentina.

Recently, I was discussing with fellow colleagues from Latin America the implications of the decision of the European Union's Court of Justice that establishes the "right to be forgotten." One of them pointed out that the content of this "right" notwithstanding, the name itself was an affront to Latin America; rather than promoting this type of erasure, we have spent the past few decades in search of the truth regarding what occurred during the dark years of the military dictatorships.

Discriminación o neutralidad en la red: ésa es la cuestión

Por Eduardo Bertoni. Director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la información de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo.

 

En los últimos meses se ha incrementado la discusión sobre la posibilidad de permitir que haya un tráfico más rápido de ciertos contenidos en la red gracias a un pago extra a los prestadores de servicios de Internet que podrían hacer los generadores de esos contenidos. ¿Una Internet para empresas generadoras de aplicaciones y contenidos ricas y otra para quienes no puedan afrontar un pago mayor? ¿Tendrá un impacto económico en quienes usamos esas aplicaciones o contenidos? De ello hablamos cuando globalmente se discute la importancia de la neutralidad de la red, entendiéndola como el principio según el cual todo el tráfico en Internet debe ser tratado con igualdad y sin discriminación, más allá de su remitente, destinatario, tipo o contenido. Afortunadamente, esa discusión llegó a la Argentina. Pero, desgraciadamente, un proceso que auguraba, al menos a los ojos de varios entre los que me incluyo, buenos resultados, estaría a punto de frustrarse si una Comisión del Senado argentino avanza con un dictamen que ha sido muy criticado.

Hacia una política integral de gestión de la información pública

El reconocimiento del derecho al acceso a la información púbica ha ganado espacio en América Latina. En la última década, se aprobaron, en la región, numerosas leyes y hay proyectos legislativos que se discuten en la actualidad. Pero una cuestión ha sido descuidada por los gobiernos y postergada por los activistas dedicados a la promoción del derecho a saber: la gestión documental.

En la década del 80, con la apertura democrática en América Latina, archivistas y defensores de derechos humanos trabajaron juntos para responder a la necesidad de examinar el pasado e identificar violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante las dictaduras que tuvieron lugar en la región. Pero nada de ese trabajo en conjunto se retomó en la elaboración de legislaciones que regularon el acceso a la información pública.

Un arma de doble filo

Por Eduardo Bertoni.
 
Las declaraciones del titular de la Afsca, Martín Sabbatella, sobre la necesidad de debatir en la Argentina la regulación de Internet, aunque, como aclaró luego, ello no está en la agenda del organismo que preside, producen distintas reacciones que van desde las más negativas hasta las más positivas. Entre las primeras, cada vez que en otras latitudes se ha iniciado un proceso de "regulación de Internet", la consecuencia inmediata fue un mayor control por parte del Estado del flujo de información, con un efecto nocivo para el ejercicio de la libertad de expresión, la privacidad y el derecho de asociación, entre otros. Las reacciones positivas van en sentido contrario: una regulación de Internet que centre el debate en el respeto a los derechos humanos puede llevar a una ampliación de esos derechos.

Una herramienta peligrosa

Por Eduardo Bertoni.

El objeto de la creación del Sibios es dual: por un lado, es una herramienta para la investigación de hechos pasados y delitos; por el otro es una herramienta que opera a futuro: bajo el manto de la prevención de riesgos contra la seguridad se convierte en un instrumento del Estado que puede convertirse en una herramienta que vulnere nuestra privacidad a menos que se implementen mecanismos idóneos de control.

Retroceso y Tensión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Por Eduardo Bertoni 

Por primera vez la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que una condena penal por delito de injurias y calumnias no afecta la libertad de expresión protegida en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.La decisión en el caso “Mémoli vs. Argentina” marca un retroceso grave y notable.

El caso es bastante simple: en San Andrés de Giles, una ciudad de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, el cementerio municipal entregó a una sociedad mutual y a título de arrendamiento los nichos que eran bienes públicos. Esta sociedad realizó contratos de compra y venta de varios nichos con terceras. Carlos y Pablo Mémoli – éste último es periodista- denunciaron públicamente que se estaban vendiendo bienes que no podían ser vendidos porque eran bienes públicos cedidos a la mutual en arrendamiento. Los Mémoli usaron expresiones fuertes contra los directores de la sociedad mutual al hacer su denuncia y por esas expresiones fueron procesados y condenados a una pena de prisión por los delitos de injuria y calumnia. Seguida de esta condena se inició también un juicio civil para el pago de indemnizaciones, que lleva más de 16 años.

Amenaza a la privacidad y a la libertad de expresión

Por Eduardo Bertoni

 

¿Qué diríamos si un funcionario de la Comisión Nacional de Comunicaciones se presentara ante la empresa que nos provee servicios de Internet y solicitara información sobre el contenido de nuestros correos electrónicos? Sin duda, deberíamos manifestar nuestro rechazo. Pues bien, a partir de la resolución 5/2013 de la Secretaría de Comunicaciones, esa posibilidad queda totalmente habilitada. Las violaciones de garantías individuales, de llevarse a la práctica la resolución, son muchas, por lo que esa norma debería revisarse de manera urgente.

Una solución tecnológica para el problema de la responsabilidad de intermediarios

Por Eduardo Bertoni

Cuando las personas se sienten insultadas o humilladas en Internet y deciden iniciar acciones legales, sus casos generalmente siguen un patrón similar. Consideremos el siguiente escenario:

Una figura pública, llamémosla Senadora X, introduce su nombre en un motor de búsqueda en Internet. Los resultados la sorprenden, son muchos, y algunos la enojan porque encuentra sitios en Internet que ella encuentra ofensivos. Piensa que su reputación se encuentra dañada por ciertos contenidos que encuentra en el buscador y que alguien debe pagar por ello.

Su abogada le recomienda reclamar al motor de búsqueda, afirmando que él es el responsable de la lesión que sufre por el contenido ofensivo a pesar que no fue creado por el buscador. La Senadora X duda, porque en realidad el motor ayuda a darla a conocer, y no todos los sitios a los que dirige su nombre le molestan. Su abogada le explica que también es responsable el autor del contenido, pero que será difícil encontrarlo. Llegado a este punto de la conversación, surge una opción: se le puede pedir al buscador que bloquee ese sitio, pero la abogada sabe que eso no se logra con una simple petición y es necesario que intervenga un juez.

La regulación descuidada de los “delitos informáticos”

El derecho penal es la última herramienta que se debe aplicar para la prevención, sanción y control de conductas que la sociedad considera disvaliosas. Para cualquier estudiante de las ciencias penales, reconocer esta idea, que se traduce como la máxima de la “ultima rattio”, es algo común. También lo es la necesidad imperiosa que se respeten principios fundamentales que operan como un límite al poder punitivo del Estado.

Sin fronteras políticas o geográficas

La utilización de fondos públicos como pago de publicidad oficial es una actividad legítima por parte del Estado. Muchos son los ejemplos que se nos pueden ocurrir: llamados a licitaciones, llamados a concursos para ocupar cargos públicos, anuncios de necesidad de vacunación ante catástrofes y un largo etcétera.

Sin embargo, desde hace muchos años, tanto en nuestro país como en el resto de los países de la región, discutimos la publicidad oficial como un mecanismo de violación de la libertad de expresión. Para ser claro, y tal vez corriendo el riesgo de expresar una obviedad, la discusión se vincula más con una cuestión procedimental y no sustantiva. 

En general, es “cómo” se distribuye la publicidad oficial lo que genera debate. Dependiendo de “cómo” se distribuya podemos estar ante una violación a la libertad de expresión o ante un acto absolutamente legítimo.

El desafío de regular Internet

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó recientemente una resolución en la que afirma que tanto en el mundo offline como en el online las personas deben gozar de los mismos derechos humanos, en particular la libertad de expresión. El ejercicio de este derecho en Internet ha comenzado a incluirse en la agenda de discusión pública, aunque en nuestro país, como en el resto de América latina, los pasos concretos que se están dando o son pocos o tienen un rumbo equivocado.

Se escuchan voces que impulsan la necesidad de regulación de Internet a efectos proteger tanto la libertad de expresión, como la privacidad y los derechos de autor. Otras voces se muestran a favor de regular Internet para ayudar a desterrar la pornografía infantil e impedir discursos racistas o discriminatorios. Todos estos son fines indiscutibles. Pero el modo en que se implementen las políticas regulatorias puede convertirse en un problema para el ejercicio de ciertos derechos más que una solución. En esta nota, propongo una idea simple que puede servir para evitar consecuencias no buscadas.

Distribución arbitraria y discrecional de la publicidad oficial: un problema sin fronteras políticas o geográficas.

(Presentación en la conferencia “El Estado de la Libertad de Expresión en la Argentina”, organizada por el bloque de Senadores y Diputados de la Unión Cívica Radical –UCR- y por el Comité Nacional UCR. Buenos Aires, 26 de junio de 20012).

 

La utilización de fondos públicos como pago de publicidad oficial es una actividad legítima por parte del estado. Muchos son los ejemplos que se nos pueden ocurrir: llamados a licitaciones, llamados a concursos para ocupar cargos públicos, anuncios de necesidad de vacunación ante catástrofes y un largo etcétera.

 

“En la arena política hasta los insultos deben ser aceptados”

Entrevista al Prof. Eduardo Bertoni publicada en el Diario del Fin del Mundo.

El abogado Eduardo Bertoni, ex relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se sumó a la lista de expertos que criticaron la sentencia post mortem del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia contra el ex senador fallecido el año pasado. Bertoni opinó que el fallo “va a contramano” de los criterios de la Suprema Corte de Justicia y de la Corte Interamericana.

El ex relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Organización de Estados Americanos (OEA), Eduardo Bertoni, se sumó a la lista de intelectuales y especialistas que criticaron el fallo post mortem del Superior Tribunal de Justicia fueguino contra el ex senador José Martínez.

Bertoni, que actualmente es director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) de la Universidad de Palermo, aseveró que la sentencia de los jueces Gonzalo Sagastume y Javier Muchnik “va a contramano de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

La Relatoría para la Libertad de Expresión, bajo fuego en la Organización de Estados Americanos

Por Eduardo Bertoni. Profesor de Grado y Posgrado. Director del CELE.

Los Estados de las Américas se reúnen bajo el marco de la Asamblea General (AG) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Posiblemente sean pocos o ningún Jefe de Estado quienes asistan y los cancilleres estarán, en su mayoría, unas horas en Cochabamba donde se celebra el encuentro previsto para un par de días, sin contar las recepciones y cenas —previas y posteriores— que suelen organizarse. Como en el pasado, la AG aprobará decenas de resoluciones, que incluyen mandatos a las oficinas de la OEA y recomendaciones a los Estados, resoluciones que muchas veces se repiten durante años y que pocas veces tienen seguimiento para saber qué se cumple y qué no.

Una amenaza a la libertad de expresión

Por Eduardo Bertoni, Profesor de Grado y Posgrado y Director del CELE.

La asamblea general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que comienza hoy en Cochabamba, Bolivia, parecería un encuentro más de los cancilleres de la región. Una reunión prevista para un par de días, con la aprobación de decenas de resoluciones, cuyo cumplimiento tendrá un leve seguimiento. Sin embargo, a pesar de las apariencias, estamos frente a una asamblea envuelta en un hecho muy peligroso: el intento de debilitar de manera grave la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), cuyo mandato es la promoción, protección y defensa de un derecho consustancial con la democracia.

Privacidad en tiempos de Internet: una ilusión

De manera consentida o sin saberlo, los datos personales de millones de individuos -tanto de usuarios de Internet como de ciudadanos del mundo offline- están desperdigados en Internet. En muchos casos, de manera irregular y con fines comerciales o excusas de seguridad nacional. El crecimiento de la publicidad, basada en el comportamiento y la dificultad y confusión emanadas por las políticas de privacidad de muchos sitios web hacen su parte para que esos datos se vuelvan públicos.

¿Llegó el fin de Cuevana?

Aunque es difícil predecir si Cuevana cerrará o no, es probable que su contenido se vea afectado en los próximos meses.

El martes arrestaron en Chile a uno de los administradores, Cristian Álvarez, y el jueves un fiscal argentino formalizó una causa penal en contra del sitio web. ¿Presenciamos el principio del fin de Cuevana?

Nuevo libro propone políticas abiertas de internet para América Latina

Hace dos semanas el Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) de la Universidad de Palermo en Argentina hizo público el libro Hacía una Internet libre de censura: Propuestas para América Latina. Con contribuciones de expertos en políticas públicas de Brasil, Chile, Colombia, Puerto Rico y los EE.UU., el libro aborda algunos de los disafíos más apremiantes que enfrentan los defensores de los derechos digítales en América Latina hoy en día.

Portada del libro. Diseño por Patricia Fiuza.

Basándose en los debates actuales en cinco de las economías más fuertes de la región–Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México–todos los cuales cuentan con altas tasas de penetración de Internet [en] para América Latina, los colaboradores dibujan un boceto de la legislación, las decisiones judiciales y políticas que afectan a la libre expresión y la privacidad en línea. Escribe Eduardo Bertoni, editor de libros y director ejecutivo de CELE:

La libertad de expresión en Internet

Por Eduardo Bertoni

La polémica sobre el riesgo de demandas que podrían enfrentar los administradores del sitio Cuevana avivó el debate sobre las problemáticas consecuencias de recientes fallos judiciales vinculados con la libertad de expresión y el acceso a la información en Internet.

Varias decisiones dictadas por tribunales penales podrían estar operando como un disparador para que distintos intermediarios de Internet (proveedores de servicio como Telecentro, que recientemente también estuvo en el ojo de la polémica, o buscadores o administradores de sitios que brindan información) decidan dar de baja contenidos, incluso aquellos sobre los que podría haber un legítimo interés en conocerlos. Tal censura sería una suerte de autoprevención ante el riesgo de quedar sometidos a un proceso penal como partícipes de la comisión de delitos que, como veremos, difícilmente puedan conocer de antemano.

¿Regulación de Internet? Una breve revisión de prácticas en América Latina (en Inglés)

Presentamos aquí una nota en inglés publicada por el profesor Eduardo Bertoni, director del CELE, en el sitio Mediapolicy.org el pasado 8 de julio de 2011. Esta nota se basa en una presentación del profesor Bertoni realizada en el Deutsche Welle Global Forum celebrado en Bonn, Alemania, entre el 20 y 22 de junio de 2011.