La corrupción, bajo el escrutinio de la OEA

Por Ezequiel Nino. Profesor de la carrera de Abogacía de la Universidad de Palermo.

 

Durante estos días visita Buenos Aires una comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) para evaluar a la Argentina en la eficacia de su lucha contra la corrupción. Se trata de la primera vez, en el marco del mecanismo de seguimiento del tratado hemisférico contra este flagelo, que se realiza una inspección de terreno por parte de los examinadores. Es una buena oportunidad, por lo tanto, para que, desde la sociedad civil, se les haga saber claramente cuáles son las impresiones que se tienen en esta materia y promover que las tengan en consideración en el informe que deben emitir en marzo del año próximo. Se impone, en consecuencia, realizar un balance de los últimos años sobre las políticas anticorrupción de nuestro país.

Un cambio de locura

LA TRANSFORMACION DE PARADIGMA QUE INCORPORA EL NUEVO CODIGO CIVIL EN EL AREA DE SALUD MENTAL

El proyecto de reforma del Código Civil y Comercial toma la perspectiva de derechos humanos en materia de salud mental. Hace hincapié en las capacidades, más que en las imposibilidades.

El proyecto de reforma del Código Civil y Comercial recoge el nuevo paradigma de derechos humanos en materia de salud mental, que Argentina adoptó hace ya más de un año con la Ley 26.657. Ya no se habla de “idiotas” o “dementes”, sino de personas con capacidades o incapacidades. La capacidad jurídica de la persona se presume aun cuando se encuentre internada en un psiquiátrico. Las limitaciones a la capacidad son siempre excepcionales y en beneficio de las personas. Y la intervención estatal tiene siempre carácter interdisciplinario, tanto en el tratamiento como en el proceso judicial. También se establece un sistema de “apoyos” en los casos excepcionales en que las personas sean declaradas incapaces.

El capítulo del proyecto de reforma del Código Civil y Comercial destinado a la salud mental llega después de décadas de debate mundial en búsqueda de una consideración más humana de las personas con padecimientos mentales, que colocó al país en la vanguardia de la región al aprobar la Ley 26.657 de Salud Mental en 2010.

El poder del consumidor

La iniciativa que ya analiza la comisión bicameral en el Congreso establece una serie de protecciones frente a abusos en la publicidad y letra chica en los contratos, servicios o venta. Cuáles son los cambios. Las nuevas herramientas para los consumidores. El debate entre los especialistas.

La regulación descuidada de los “delitos informáticos”

El derecho penal es la última herramienta que se debe aplicar para la prevención, sanción y control de conductas que la sociedad considera disvaliosas. Para cualquier estudiante de las ciencias penales, reconocer esta idea, que se traduce como la máxima de la “ultima rattio”, es algo común. También lo es la necesidad imperiosa que se respeten principios fundamentales que operan como un límite al poder punitivo del Estado.

Beneficios de la meritocracia

El artículo 16 de la Constitución Nacional establece que todos los habitantes pueden acceder a la función pública sin otro requisito que la idoneidad. Este principio representa una de las grandes líneas constitucionales construidas en 1853 que, de haberse respetado, hubiera generado beneficios muy evidentes para nuestro país.

El proceso participativo que culminó en el rechazo del pliego de Daniel Reposo para ser procurador general de la Nación es un excelente ejemplo de las virtudes de la meritocracia para fortalecer el funcionamiento del Estado.

AMIA: responsables políticos

Hace siete años el gobierno argentino se comprometió a reformar las normas de la administración del presupuesto de la Secretaría de Inteligencia, con el fin de hacerla susceptible de una razonable rendición de cuentas. Se trata de uno de los puntos acordados con los familiares de las víctimas de la AMIA ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Sin fronteras políticas o geográficas

La utilización de fondos públicos como pago de publicidad oficial es una actividad legítima por parte del Estado. Muchos son los ejemplos que se nos pueden ocurrir: llamados a licitaciones, llamados a concursos para ocupar cargos públicos, anuncios de necesidad de vacunación ante catástrofes y un largo etcétera.

Sin embargo, desde hace muchos años, tanto en nuestro país como en el resto de los países de la región, discutimos la publicidad oficial como un mecanismo de violación de la libertad de expresión. Para ser claro, y tal vez corriendo el riesgo de expresar una obviedad, la discusión se vincula más con una cuestión procedimental y no sustantiva. 

En general, es “cómo” se distribuye la publicidad oficial lo que genera debate. Dependiendo de “cómo” se distribuya podemos estar ante una violación a la libertad de expresión o ante un acto absolutamente legítimo.

El desafío de regular Internet

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó recientemente una resolución en la que afirma que tanto en el mundo offline como en el online las personas deben gozar de los mismos derechos humanos, en particular la libertad de expresión. El ejercicio de este derecho en Internet ha comenzado a incluirse en la agenda de discusión pública, aunque en nuestro país, como en el resto de América latina, los pasos concretos que se están dando o son pocos o tienen un rumbo equivocado.

Se escuchan voces que impulsan la necesidad de regulación de Internet a efectos proteger tanto la libertad de expresión, como la privacidad y los derechos de autor. Otras voces se muestran a favor de regular Internet para ayudar a desterrar la pornografía infantil e impedir discursos racistas o discriminatorios. Todos estos son fines indiscutibles. Pero el modo en que se implementen las políticas regulatorias puede convertirse en un problema para el ejercicio de ciertos derechos más que una solución. En esta nota, propongo una idea simple que puede servir para evitar consecuencias no buscadas.

Un triunfo de la sociedad civil

Por Ezequiel Nino. Codirector de ACIJ y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Palermo.

 

El fallo de ayer sobre el robo de bebes cometido durante la última dictadura militar es un inmenso triunfo de la sociedad civil organizada. Durante los años 90, en tiempos en que el indulto había intentado tapar y forzar un olvido de los hechos acontecidos durante esa etapa, muchas víctimas y activistas no se rindieron y siguieron hilvanando ideales para luchar contra la impunidad.

Distribución arbitraria y discrecional de la publicidad oficial: un problema sin fronteras políticas o geográficas.

(Presentación en la conferencia “El Estado de la Libertad de Expresión en la Argentina”, organizada por el bloque de Senadores y Diputados de la Unión Cívica Radical –UCR- y por el Comité Nacional UCR. Buenos Aires, 26 de junio de 20012).

 

La utilización de fondos públicos como pago de publicidad oficial es una actividad legítima por parte del estado. Muchos son los ejemplos que se nos pueden ocurrir: llamados a licitaciones, llamados a concursos para ocupar cargos públicos, anuncios de necesidad de vacunación ante catástrofes y un largo etcétera.

 

“En la arena política hasta los insultos deben ser aceptados”

Entrevista al Prof. Eduardo Bertoni publicada en el Diario del Fin del Mundo.

El abogado Eduardo Bertoni, ex relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se sumó a la lista de expertos que criticaron la sentencia post mortem del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia contra el ex senador fallecido el año pasado. Bertoni opinó que el fallo “va a contramano” de los criterios de la Suprema Corte de Justicia y de la Corte Interamericana.

El ex relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Organización de Estados Americanos (OEA), Eduardo Bertoni, se sumó a la lista de intelectuales y especialistas que criticaron el fallo post mortem del Superior Tribunal de Justicia fueguino contra el ex senador José Martínez.

Bertoni, que actualmente es director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) de la Universidad de Palermo, aseveró que la sentencia de los jueces Gonzalo Sagastume y Javier Muchnik “va a contramano de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Tiempo de soldados

Las últimas semanas mostraron, otra vez, un incremento en la polarización de los comportamientos políticos. La polarización, de distintos modos, está inscripta en los cacerolazos, en las cartas de renuncia de Reposo, en las situaciones de violencia de las que fueron víctimas periodistas y políticos oficialistas y opositores. Este modo de componer la escena política se volvió normal, parte de nuestro paisaje. La polarización como modo predominante de la escena pública empobrece el debate, reduce la rendición de cuentas y favorece a los poderosos.

Código entendible para todos

Aída Kemelmajer de Carlucci, docente y ex ministra de la Corte mendocina, explicó que el proyecto presentado en el Congreso implica un cambio de paradigma y ampliación de derechos. “Hemos tenido alma de proa”, dijo, parafraseando a Güiraldes.

La Relatoría para la Libertad de Expresión, bajo fuego en la Organización de Estados Americanos

Por Eduardo Bertoni. Profesor de Grado y Posgrado. Director del CELE.

Los Estados de las Américas se reúnen bajo el marco de la Asamblea General (AG) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Posiblemente sean pocos o ningún Jefe de Estado quienes asistan y los cancilleres estarán, en su mayoría, unas horas en Cochabamba donde se celebra el encuentro previsto para un par de días, sin contar las recepciones y cenas —previas y posteriores— que suelen organizarse. Como en el pasado, la AG aprobará decenas de resoluciones, que incluyen mandatos a las oficinas de la OEA y recomendaciones a los Estados, resoluciones que muchas veces se repiten durante años y que pocas veces tienen seguimiento para saber qué se cumple y qué no.

Una amenaza a la libertad de expresión

Por Eduardo Bertoni, Profesor de Grado y Posgrado y Director del CELE.

La asamblea general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que comienza hoy en Cochabamba, Bolivia, parecería un encuentro más de los cancilleres de la región. Una reunión prevista para un par de días, con la aprobación de decenas de resoluciones, cuyo cumplimiento tendrá un leve seguimiento. Sin embargo, a pesar de las apariencias, estamos frente a una asamblea envuelta en un hecho muy peligroso: el intento de debilitar de manera grave la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), cuyo mandato es la promoción, protección y defensa de un derecho consustancial con la democracia.

Convocatoria para presentar artículos: Revista de Derecho Ambiental

La Revista de Derecho Ambiental de la Universidad de Palermo invita a presentar artículos inéditos en los que se analicen temas de derecho ambiental nacional, extranjero, internacional y comparado.

La solidaridad federal y el problema de la basura

En estos días se presentó en la legislatura bonaerense un nuevo proyecto de ley que propone prohibir el ingreso al territorio de la provincia de residuos originados en otras jurisdicciones. Este proyecto nos da la oportunidad de volver a reflexionar sobre el modelo de país federal que plantea nuestra Constitución.

Con la aprobación de nuestra Constitución Nacional, las provincias delegaron parte de sus poderes para conformar un Estado Federal, entre ellos el de regular el comercio interjurisdictional.

El Consejo de Estado de Venezuela estudia el “retiro” inmediato de dicho país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Los académicos abajo firmantes expresamos nuestra preocupación por la instrucción presidencial dada para que el Consejo de Estado de Venezuela estudie el “retiro” inmediato de dicho país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La idoneidad del procurador

La reforma constitucional de 1994 produjo un cambio significativo en la forma en que se organiza y controla el poder político en el país. En esa oportunidad, se incorporó a la Constitución Nacional la creación de un nuevo poder del Estado, el Ministerio Público, convertido así en el cuarto poder de la República. En aquella oportunidad, el convencional informante del proyecto, Héctor Massnata, explicaba el diseño constitucional señalando que en los Estados autoritarios se confunden en la misma persona los intereses propios del Fisco (representado por el Poder Ejecutivo) y el interés público. En cambio, en los Estados más democráticos se promueve la delimitación de esas funciones en diferentes poderes para que representen a uno y otro interés, y así se puedan satisfacer de la mejor manera posible.

Intervención de TBA. Un balance

(Columna de opinión de Leonardo Filippini, profesor de Derecho de la Universidad de Palermo y  Gustavo Maurino, profesor de Derecho de la Universidad de Palermo y codirector de A.C.I.J.)

La intervención de TBA luego de la tragedia de Once fue posiblemente la repuesta del Ejecutivo Nacional más relevante de cara a la necesidad de mejorar de modo urgente el servicio de transporte ferroviario. También parece hasta el momento la única medida con alguna chance cierta de generar cambios concretos e inmediatos en la provisión del servicio. Ni la investigación penal, ni la querella del Poder Ejecutivo Nacional servirán demasiado para prestar un mejor servicio, ni tampoco se ha hecho pública la evaluación de otras iniciativas administrativas de corto plazo, como podría serlo la regularización de la CNRT como una agencia independiente e idónea de control, o la rescisión del contrato.

Para el bien común. Principios de la libertad académica en Estados Unidos.

Nueva publicación de la Colección de Ciencias Jurídicas con Yale Law School.

En los últimos años, se han vuelto más frecuentes los debates sobre la libertad académica en las instituciones de educación superior de los Estados Unidos. Los autores de este libro exploran los orígenes y principios rectores de la libertad académica, corrigen concepciones erróneas acerca de su alcance, y allanan el camino para llevar adelante debates más fructíferos, basados en un entendimiento común de su propósito.

Este libro es sin duda el mejor y más claro análisis que he leído sobre la teoría y la práctica de la libertad académica. Debería ser de lectura obligatoria para cualquier persona interesada en este tema tan importante."

Derek Bok, Profesor de Derecho y Presidente Emérito de la Universidad de Harvard.

Privacidad en tiempos de Internet: una ilusión

De manera consentida o sin saberlo, los datos personales de millones de individuos -tanto de usuarios de Internet como de ciudadanos del mundo offline- están desperdigados en Internet. En muchos casos, de manera irregular y con fines comerciales o excusas de seguridad nacional. El crecimiento de la publicidad, basada en el comportamiento y la dificultad y confusión emanadas por las políticas de privacidad de muchos sitios web hacen su parte para que esos datos se vuelvan públicos.

Purgar la ciudad de delincuentes no la convierte en un lugar más seguro

Tiempo atrás, la Presidenta de la Nación anunció la construcción de una cárcel en Mercedes, provincia de Buenos Aires, para cerrar el penal del barrio de Villa Devoto en la capital, al que describió como una "rémora de la vieja Argentina". La mudanza anunciada, en principio, supone también el traslado de los internos, pues no hubo aún ningún anuncio sobre su destino, ni sabemos de un plan para realojarlos en la ciudad. Un traslado así concebido, sin embargo, no nos libera de nuestras viejas ideas. Más bien, y tal como apareció públicamente hasta ahora, solo implica el destierro urbano de unos miles de presos para reubicarlos cien kilómetros más allá, en el mejor de los casos, en edificios más modernos y espaciosos.

A PROPÓSITO DEL CASO CUEVANA EN ARGENTINA Y LA ‘LEY LLERAS’ EN COLOMBIA

Por Eduardo Bertoni.

 

LA TENSIÓN ENTRE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL INTERCAMBIO DE CONTENIDOS EN LA RED

Esta nueva investigación, producido por la Iniciativa por la Libertad de Expresión en Internet – iLEI-, del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información – CELE- de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, toma el caso de Cuevana –en el que un juez argentino ordenó el bloqueo de varias páginas de este sitio de Internet por posible violación de los derechos de autor– como punto de partida para analizar la tensión entre la protección de la propiedad intelectual y el intercambio de contenidos en la red.

¿Llegó el fin de Cuevana?

Aunque es difícil predecir si Cuevana cerrará o no, es probable que su contenido se vea afectado en los próximos meses.

El martes arrestaron en Chile a uno de los administradores, Cristian Álvarez, y el jueves un fiscal argentino formalizó una causa penal en contra del sitio web. ¿Presenciamos el principio del fin de Cuevana?

¿CÓMO SEGUIMOS DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN DE TBA?

Por Gustavo Maurino, profesor de la Facultad de Derecho y co-director de ACIJ y Leonardo Filippini, profesor de la Facultad de Derecho.

La intervención de TBA luego de la tragedia de Once fue posiblemente la repuesta del Ejecutivo Nacional más relevante de cara a la necesidad de mejorar de modo urgente el servicio de transporte ferroviario. También parece hasta el momento la única medida con alguna chance cierta de generar cambios concretos e inmediatos en la provisión del servicio. Ni la investigación penal, ni la querella del Poder Ejecutivo Nacional servirán demasiado para prestar un mejor servicio, ni tampoco se ha hecho pública la evaluación de otras iniciativas administrativas de corto plazo, como podría serlo la regularización de la CNRT como una agencia independiente e idónea de control, o la rescisión del contrato.

Malos mensajes del Congreso

Por Ezequiel Nino. Profesor de la carrera de Abogacía y co-Director de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.

Los movimientos populares suscitados a partir de la crisis de 2001 en nuestro país (las asambleas populares, el recordado "que se vayan todos" y las movilizaciones frente a Tribunales en reclamo de justicia independiente, como algunos símbolos de aquella época) se apagaron una vez que la economía comenzó a recuperarse.

El aumento de las dietas para diputados y senadores, conocido recientemente, hizo que muchas personas recordaran aquellos sucesos y se preguntaran los motivos por los cuales la ciudadanía había abandonado esa iniciativa que había logrado motorizar en aquel entonces.

Los derechos no se toman en serio

Lejos de fortalecer las instituciones e impulsar un robusto imperio de la legalidad, a nivel nacional se presenta un cúmulo notable de deficiencias que amparan el ejercicio arbitrario del poder y dejan a las personas en situación de indefensión.

Gustavo Maurino.Codirector de ACIJ y Profesor de la facultad.

Una denuncia de la Clinica Juridica contra TBA lleva 12 años sin sentencia

Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia señala múltiples deficiencias en los servicios ferroviarios y critica fuertemente al Gobierno y la Justicia por las fallas en los controles . Además, afirma que los usuarios del ferrocarril Sarmiento son discriminados respecto de los del Mitre, que viajan en peores trenes aunque ambas líneas son operadas por TBA .

Razones Contra La Querella Del PEN en La Tragedia de Once

Nuevo libro propone políticas abiertas de internet para América Latina

Hace dos semanas el Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) de la Universidad de Palermo en Argentina hizo público el libro Hacía una Internet libre de censura: Propuestas para América Latina. Con contribuciones de expertos en políticas públicas de Brasil, Chile, Colombia, Puerto Rico y los EE.UU., el libro aborda algunos de los disafíos más apremiantes que enfrentan los defensores de los derechos digítales en América Latina hoy en día.

Portada del libro. Diseño por Patricia Fiuza.

Basándose en los debates actuales en cinco de las economías más fuertes de la región–Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México–todos los cuales cuentan con altas tasas de penetración de Internet [en] para América Latina, los colaboradores dibujan un boceto de la legislación, las decisiones judiciales y políticas que afectan a la libre expresión y la privacidad en línea. Escribe Eduardo Bertoni, editor de libros y director ejecutivo de CELE:

Dos santuarios de deliberación pública

Por Roberto Saba 

Hace un año LA NACION publicó una excelente nota de mi colega Silvio Waisbord, profesor de la Universidad de George Washington, titulada "El error de la prensa militante". Frente a la común distinción que parece haberse instalado en el debate entre la prensa imposible (la que escribe desde un lugar en el vacío, desconectada de los intereses y las ideas de este mundo) y la prensa adicta (la que carece de pensamiento crítico y apoya al poder público o privado), Waisbord decía que la prensa puede preservar su independencia de criterio sin necesariamente alinearse con una causa política o económica.

La influencia política, un mal para la selección de jueces

Por Gustavo Maurino

Ningún poder político es lo suficientemente legítimo como para que no necesite ofrecer garantías serias de que la libertad, la igualdad y la dignidad de las personas cuentan con protección efectiva de un Poder Judicial independiente e imparcial. Sin ellas, la sombra de la arbitrariedad, los privilegios y la opresión tiñe toda construcción de legitimidad.

De manera casi paradojal, en sociedades abiertas, los gobiernos refuerzan su legitimidad y poder en el largo plazo cuanto más efectivas sean las garantías de independencia e imparcialidad que construyan para la Justicia (que controlará su ejercicio del poder); sin embargo, en las coyunturas de corto plazo, es el disciplinamiento de la judicatura lo que redunda en mayor poder efectivo. La paradoja reside en que aquello que parece robustecer al poder día a día (la dependencia) en realidad lo erosiona, y aquello que lo limita en lo inmediato en realidad lo fortalece.