Maximiliano Rusconi
Caben pocas dudas a la hora de definir como uno de los ejes centrales del modelo republicano la vitalidad de los mecanismos de control sobre el ejercicio del poder. En particular, aquellos que se dirigen a evitar los excesos que forman parte esencial del Poder Ejecutivo, sobre todo cuando éste descansa en sistemas fuertemente presidencialistas como el que nos aqueja.
Hace más de ocho décadas que hemos adquirido la capacidad ciudadana de darnos cuenta de que la vida en comunidad requiere tanto de la satisfacción de las necesidades económicas vitales, como de las libertades que genera la limitación constitucional del poder. Estos últimos años, realmente, han reflejado muy malos tiempos para tener mínimas esperanzas en los mecanismos de control propios de un sistema republicano que se precie de sí mismo. Ello a pesar de que el actual gobierno nació en el marco de promesas de poner el ojo en la "calidad institucional".
El relevamiento debería comenzar por la sistemática y permanente destrucción de toda credibilidad en el Poder Judicial. En primer lugar, debemos subrayar una buena cantidad de procesos penales contra funcionarios actuales que destilan completos catálogos de torpezas y demoras que conviven con enérgicas e ilimitadas actitudes a la hora de juzgar épocas políticas pasadas, o continuar -contra viento y marea y, a veces, relativizando garantías constitucionales básicas- con el juzgamiento de nuestra máxima tragedia institucional, en el marco de la cual la ruptura constitucional sólo fue el escenario para atrocidades que, justamente ellas, merecerían el máximo respeto a esas garantías.
