La Summa de la intolerancia

Nicolas Laino

En marzo de 1982 J. Q. Wilson y G. L. Keling publicaban un trabajo titulado “Ventanas rotas. La policía y la seguridad en los barrios”, que se convertiría en aquellos años en uno de los emblemas de las campañas de “Ley y Orden” que se implementarían en los Estados Unidos tras el declive del estado de bienestar, el consecuente recorte del gasto social y la escalada de un proceso masivo de pauperización. La “teoría de las ventanas rotas” fue soporte teórico esencial en la adopción de las llamadas políticas de tolerancia cero.

La idea general del texto era que, controlando “incivilidades” –encerrando indeseables– se lograría poner coto a la ola de criminalidad, lo cual proponían alcanzar mediante una presencia policial masiva en las calles. Muy lejos de haber incidido en las cifras de delito, la implementación de tales políticas convirtió a Estados Unidos –por lejos– en el país más encarcelador del planeta.

¿Qué hace el Consejo de la Magistratura?

Demian Zayat

Un problema central que veo en la Justicia argentina es que no termina de quedar claro si debe ser una institución política o uno técnica. Si los jueces se asumieran como un poder político, bueno, su ideología debería ser un punto central en el debate de su elección, y aquellos que lo eligen deberían dar una discusión sobre qué valores va a promover determinado gobierno. Sería un modelo de selección de jueces más parecido al norteamericano.

Pero si se asumiera a la Justicia como un poder técnico mayormente, la ideología de los jueces, sus valores, o incluso, el amiguismo, no debería ser un factor relevante. Lo único que importaría para elegir a un juez es que "sepa derecho". Claro, dificilmente estos jueces asépticos podrían tener control de constitucionalidad.

El Ocaso del Modelo Republicano

Maximiliano Rusconi

Caben pocas dudas a la hora de definir como uno de los ejes centrales del modelo republicano la vitalidad de los mecanismos de control sobre el ejercicio del poder. En particular, aquellos que se dirigen a evitar los excesos que forman parte esencial del Poder Ejecutivo, sobre todo cuando éste descansa en sistemas fuertemente presidencialistas como el que nos aqueja.

Hace más de ocho décadas que hemos adquirido la capacidad ciudadana de darnos cuenta de que la vida en comunidad requiere tanto de la satisfacción de las necesidades económicas vitales, como de las libertades que genera la limitación constitucional del poder. Estos últimos años, realmente, han reflejado muy malos tiempos para tener mínimas esperanzas en los mecanismos de control propios de un sistema republicano que se precie de sí mismo. Ello a pesar de que el actual gobierno nació en el marco de promesas de poner el ojo en la "calidad institucional".

El relevamiento debería comenzar por la sistemática y permanente destrucción de toda credibilidad en el Poder Judicial. En primer lugar, debemos subrayar una buena cantidad de procesos penales contra funcionarios actuales que destilan completos catálogos de torpezas y demoras que conviven con enérgicas e ilimitadas actitudes a la hora de juzgar épocas políticas pasadas, o continuar -contra viento y marea y, a veces, relativizando garantías constitucionales básicas- con el juzgamiento de nuestra máxima tragedia institucional, en el marco de la cual la ruptura constitucional sólo fue el escenario para atrocidades que, justamente ellas, merecerían el máximo respeto a esas garantías.