La utilización de fondos públicos como pago de publicidad oficial es
una actividad legítima por parte del Estado. Muchos son los ejemplos que
se nos pueden ocurrir: llamados a licitaciones, llamados a concursos
para ocupar cargos públicos, anuncios de necesidad de vacunación ante
catástrofes y un largo etcétera.
Sin embargo, desde hace muchos años, tanto en nuestro país como en el
resto de los países de la región, discutimos la publicidad oficial como
un mecanismo de violación de la libertad de expresión. Para ser claro, y
tal vez corriendo el riesgo de expresar una obviedad, la discusión se
vincula más con una cuestión procedimental y no sustantiva.
En general, es “cómo” se distribuye la publicidad oficial lo que
genera debate. Dependiendo de “cómo” se distribuya podemos estar ante
una violación a la libertad de expresión o ante un acto absolutamente
legítimo.
