La Corte Suprema debería defender su legitimidad

Demian Zayat

Desde hace unos días se puede observar que existe una disputa entre la Corte Suprema y el gobierno. Algunas importantes ONGs han manifestado su preocupación por esto, y llamaron a las autoridades a defender la constitución de una corte independiente, en virtud de lo trabajoso que fue el proceso de reconstrucción de su legitimidad.

Comparto que este proceso de relegitimación de la Corte fue costoso, y por ello creo que estamos en un momento donde hay que cuidar su legitimidad. Sin embargo, creo que el principal defensor debería ser la misma Corte, que en los últimos días ha dado muestras de no estar preocupado por ello. Esto me preocupa.

Quizás el hecho que comenzó con la disputa pudo haber sido el fallo “Sosa”. Algún miembro del Ejecutivo dijo que no se iba a cumplir este fallo, y ello fue visto como una provocación al Estado de Derecho. Pero veamos un poco más allá: la Corte propuso como solución la intervención federal de una provincia. No hubo ningún tipo de creatividad en la respuesta; no se pensó de qué modo fortalecer una decisión adoptada muchos años atrás que permanecía incumplida, y que es un problema serio. Simplemente se dijo que como la provincia no cumplía la sentencia, el Congreso debía declarar la intervención federal. Sorprende que la Corte piense que esa era una solución viable políticamente. En este punto, solo veo que la Corte, con su decisión, se expuso a dictar un fallo que será incumplido. Esta decisión puso en peligro su legitimidad.

Luego, quizás lo más preocupante institucionalmente es la disputa por el presupuesto. En la última conferencia de jueces, el reclamo principal fue el de la autonomía prespuestaria. Días más tarde, el Centro de Información Judicial tituló un recorte del 40% del presupuesto por parte del gobierno. Habría que aclarar que estaban hablando del proyecto de presupuesto, donde el Ejecutivo incluyó un monto menor a lo solicitado por la Corte, y hay que ver qué hará el Congreso, claro.

Pero el punto cuestionable acá es que la Corte no pretende limitarse a ser un tribunal constitucional que “tan solo” adjudique los casos, sino que se está pensando como un actor de política judicial. Y para ello necesita dinero. Según la reforma del 94, este rol debiera ser del Consejo de la Magistratura. La idea era que la Corte se limitara a fallar casos, y que el “rosqueo” político pasare por el Consejo. Sin embargo, la Corte se metió en la discusión política, pero denunciando que afectan su independencia cuando no consigue los recursos que necesita. Nuevamente, esto puso en peligro su legitimidad.

Y en este punto hay que tener en cuenta que en la discusión la Corte sigue sin rendir cuentas. No queda claro para qué quiere el dinero, cómo gasta lo ya asignado, cuál fue el diagnóstico del que partió para crear las oficinas que creó y las que quiere crear, cuál fue el balance de estas oficinas, cuán eficiente es en su gasto, etc. Si va a pedir recursos, que nadie luego pueda cuestionar, es necesario que rinda cuentas, que fortalezca su independencia con accountability. No hace nada de esto.

Y por último, me gustaría mencionar algunos fallos que me preocupan, quizás simbólicos, que muestran una Corte cada vez más corporativa y alejada de las promesas realizadas durante el proceso de relegitimación. El primero es “Szelagowski”, del 28/09/10, donde la Corte decidió que el Fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires sea equiparado a los jueces, y por ende, que no pague impuesto a las ganancias. Aunque la mayoría de los jueces, ante el Senado, haya dicho que los jueces sí deberían pagar ganancias, en el primer caso que resuelven el tema no hacen ninguna mención acerca de la inconstitucionalidad (e injusticia) de esta excepción, e incorporan a más funcionarios a la excepción. Esto también pone en riesgo su legitimidad.

Algo parecido está haciendo con los “Amicus Curiae”. Sus decisiones son cada vez más restrictivas frente a la posibilidad de presentar amicus. El 28/09 rechazó unos amicus en la causa “Autocam” porque los presentantes tenían un interés en cómo se resolvería el caso, y el 5/10 rechazó otros en la causa “Clarin” por problemas formales. La Corte está delineando la institución del amicus del modo menos participativo posible.

Creo que la legitimidad de la Corte Suprema es un tema sumamente importante para un Estado de Derecho. La Corte, en los últimos días, estuvo poniéndola en riesgo. Debería, nuevamente, reposar su legitimidad en la apertura de sus procesos, fomentar decisiones creativas apoyadas en la sociedad, debería rendir cuentas de lo que hace y pretende hacer, y dar gestos de que no se limitará a ser la cabeza de la corporación judicial. Así, podrá salir relegitimada de la situación de conflicto actual.