Lejos de fortalecer las instituciones e impulsar
un robusto imperio de la legalidad, a nivel nacional se presenta un cúmulo
notable de deficiencias que amparan el ejercicio arbitrario del poder y dejan a
las personas en situación de indefensión.
Gustavo Maurino.Codirector de ACIJ y Profesor de la facultad.
Todo Estado decente debe efectivizar un fuerte
compromiso con los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Ahora bien, hay dos maneras diferentes en que las
autoridades pueden manifestar dicho compromiso: una débil y trivial y la otra
robusta y significativa.
Por supuesto, cada gobierno adopta una
"concepción" respecto de los derechos fundamentales, las jerarquías
entre ellos, su importancia frente a las políticas públicas, alcance,
proyecciones y límites, en particular ante a las decisiones del propio
gobierno.
Esto último es lo más importante para los
habitantes, pues aquello que el gobierno considere que no es un derecho es lo
que estará dispuesto a negarnos o quitarnos, considerando honestamente que al
hacerlo respeta la ley.
La forma débil y trivial en que un gobierno se
compromete con los derechos consiste en ser activo y consistente en la acción
para plasmar socialmente su concepción sobre los derechos y lograr que el
sistema institucional se conforme a ella. Gobiernos de derecha o izquierda,
igualitarios o libertarios, previsiblemente diferirán en sus visiones
sustantivas, pero se tomarán de igual manera "el compromiso con (la
imposición de su concepción sobre) los derechos". Esta forma de compromiso
es débil porque identifica "los derechos" con "la concepción
gubernamental sobre ellos" y es trivial porque en rigor el compromiso es
con la propia agenda política, y los derechos son sólo una parte funcional en
ella.
Alternativamente, concebimos al compromiso con
los derechos como robusto y significativo cuando las autoridades están
dispuestas a condicionar su agenda política al resultado de la discusión social
institucionalizada, inclusiva y no dominada, acerca de ellos; cuando respeta la
existencia de mecanismos y agencias institucionalizadas para procesar los
acuerdos y conflictos propios de distintas visiones sociales acerca de los
derechos y límites, sin aspirar a monopolizar tales ámbitos.
Un gobierno se compromete en serio con los
derechos cuando renuncia a ser la única voz y contribuye a que todos
participemos -a través del consenso y el conflicto- en la construcción de una
cultura de derechos que nos represente a través del tiempo.
Este compromiso es robusto pues abre la cuestión
de los derechos a todos los interesados y es significativo porque condiciona
las políticas a lo que resulta de dicho proceso.
Para evaluar el compromiso con los derechos en
este sentido no hay mejor indicador que analizar las políticas en relación con
las instituciones, mecanismos y actores habilitados para poner los derechos en
la agenda; aquéllos que no tienen por función implementar la visión oficial
sobre el tema sino controvertirla y desafiarla.
Se debe decir que, a nivel federal, es difícil
afirmar la consistencia de un serio compromiso con los derechos fundamentales,
en el sentido robusto que consideramos valioso, cuando la Defensoría del Pueblo
órgano de control para defender a la ciudadanía está casi acéfala hace tres
años y sus autoridades suplentes tienen mandato vencido desde 2009; el INADI ha
sido mancillado para pagar militancia partidaria y ahora intervenido hace casi
un año, desinstitucionalizado con un interventor "ad honorem"; tres
de los cinco entes de control de servicios públicos que deben proteger los
derechos de los usuarios están intervenidos desde hace casi una década y los
otros con sus directorios incompletos y sin autonomía; las leyes de protección
de bosques y glaciares permanecen sin reglamentación y operativización
completa; los fallos de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación relativos a derechos
sociales y ambientales (juicios jubilatorios, libertad de asociación sindical,
saneamiento del Riachuelo) incumplidos durante años; el "Defensor del
Público", único mecanismo de protección de derechos en la ley de medios audiovisuales
nunca ha sido designado; el procurador penitenciario quien debe defender los
derechos de las personas privadas de libertad- desempeña sus funciones en el
aire dado que su nombramiento venció hace años; nunca se designó al Defensor de
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y se aprobó la persecución penal con
cargos de terrorismo contra quienes cometan algún hecho delictivo en ocasión de
reclamar contra el gobierno nacional.
El año que comienza ofrece una agenda robusta de
compromisos pendientes con los derechos, que la administración y el Congreso
tienen la elección de honrar o seguir postergando.
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